La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para que el cierre de las vías de comunicación terrestre, en los ámbitos federal, estatal y municipal ameriten prisión preventiva oficiosa.
En el documento, la legisladora plantea que en los últimos meses continuamente se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o bien, por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.
Y argumentó que de acuerdo con el titular de la Cámara de la Industria de Transformación de mi estado, Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández, en promedio se han perdido 2 mil millones de pesos por las afectaciones logísticas generadas por las interrupciones en las cadenas de suministro.
Por ello, inidicó que estos actos no sólo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas que intentan trasladarse de un lugar a otro. Sino que también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano.
En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se rechazó la propuesta de la legisladora.
