Jodi Short, profesora de Derecho de la Universidad de California, analizó mil cuatrocientos artículos de revistas académicas de derecho publicados entre 1980 y 2005 sobre la supervisión y la regulación de la economía estadounidense por parte del Estado. Dada la influencia de las teorías neoliberales que han caracterizado la literatura especializada a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, la temática dominante fue “el carácter coercitivo del Gobierno administrativo y la fusión sistemática del concepto de regulación industrial o sectorial con los de tiranía y autoritarismo”.
De acuerdo con esta perspectiva, toda regulación significa una carga y la burocracia es una repudiable forma de dominación humana.
La investigadora señala que, durante el período de los artículos analizados en su muestra, esos temores tuvieron más influencia que los argumentos racionales sobre costos y eficiencia e identificó dos puntos de origen de estas preocupaciones: 1) la oposición de la comunidad empresarial estadounidense a cualquier tipo de reforma que pretendiera regular el libre mercado y 2) el pavor inspirado por el socialismo a raíz de la Guerra Fría.
En esta literatura jurídica pueden encontrarse varios posibles remedios contra la regulación y, sobre todo, se otorga énfasis a la autorregulación, lo que implica que las empresas fijen sus propias normas, vigilen el propio cumplimiento de estas e, incluso, evalúen su propia conducta para denunciar y remediar voluntariamente posibles contravenciones.
En esta investigación, las reflexiones o los análisis en contrario brillaron por su ausencia o, en todo caso, se perdieron ante la abrumadora cantidad de textos a favor de la postura neoliberal.
Dada la propagación de este “espíritu del momento”, expertos constitucionalistas como Daniel J.H. Greenwood han alertado sobre la enorme proclividad de los tribunales estadounidenses a percibir “los riesgos potenciales de la extralimitación gubernamental, pero han estado mucho menos dispuestos a apreciar los problemas inherentes al poder ‘privado’, cuanto más al empresarial”. Por su parte, Adam Winckler, historiador de los derechos corporativos, señala que “a lo largo de toda la historia estadounidense, las empresas más poderosas del país han tratado persistentemente de movilizarse valiéndose de la Constitución para luchar contra leyes federales y estatales no deseadas”. Como afirma Shoshana Zuboff, se ha abusado de la Constitución para que “dé cobijo a una serie de prácticas que persiguen finalidades y tienen consecuencias antidemocráticas que, en el fondo, acaban por destruir los valores incorporados cuyo propósito es proteger al individuo frente a un poder excesivo”, el cual no significa ya el poder estatal, sino principalmente el poder empresarial. Así mismo, las leyes han desempeñado en ese país un papel igual o más importante a la hora de guarecer al capitalismo neoliberal de todo examen, escrutinio y control.
Si esto ha sucedido en Estados Unidos, ¿qué puede esperarse en México donde el dogma neoliberal se impuso sin cortapisas ni vigilancias, donde las máximas autoridades de todos los poderes lo acogieron con el mayor fervor y disciplina, sin cuestionamiento alguno y donde los avasalladores medios lo infiltraron por todos los canales posibles?
Lamentablemente, es poco probable una labor de investigación similar a la realizada por la citada profesora de derecho estadounidense con respecto a los textos jurídicos académicos, legislativos y judiciales de nuestro país. Los recursos financieros y humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, la Escuela Libre de Derecho o el Colmex no parece que puedan ser destinados a este tipo de proyectos, dirigidos a escudriñar el sesgo neoliberal de su producción intelectual dada las afinidades ideológicas de los altos cargos de estas instituciones, tanto públicas como privadas. Por otro lado, a pesar de que el presidente mismo lo ha propuesto en sus conferencias mañaneras, en estos momentos es difícil que la austeridad republicana del gobierno de la 4T pueda permitirse consagrar presupuesto a tal labor que sería deseable en un futuro cercano.
Para no ir tan lejos, el pasado miércoles 27 de julio, recordó que en los sexenios pripanistas neoliberales “todas las reformas que hicieron fueron a favor de una minoría rapaz; todas votadas por diputados y senadores al servicio de esa minoría…todas. A ver, les pregunto a ustedes: ¿qué reformas recuerdan que se hayan hecho en el período neoliberal en beneficio del pueblo? ¿Y cuántas reformas hicieron en contra del pueblo?…Todas. Quitaron prestaciones salariales; quitaron prestaciones en general; permitieron la corrupción; aumentaron los impuestos; entregaron concesiones para la explotación del petróleo, privatizaron en buena medida la educación, la salud; convirtieron las deudas privadas en deuda pública, aumentaron el IVA. Esto que sostengo de memoria, está escrito. El gobierno faccioso en sentido estricto no era una democracia, era una oligarquía…”.
Y estas reformas fueron y siguen siendo apuntaladas por el poder judicial. Son muestra de ello los amparos otorgados en contra de la Ley de la Reforma Eléctrica o para preservar los salarios de consejeros electorales a fin de permitir que sigan siendo superiores al sueldo que devenga el presidente.
A pesar de que los jueces pudieran llevar a cabo una interpretación constitucional en favor del pueblo gracias a lo que resta de las disposiciones de carácter social y las reformas promulgadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de la 4T, se han inclinado por reforzar el paradigma neoliberal incorporado en el régimen pripanista para favorecer los intereses de unos cuantos.
Una Constitución es un documento político, jurídico e ideológico cuyas estructuras más profundas revelan la forma y el fondo del Estado. Las constituciones son un campo de lucha y eso lo podemos apreciar ahora que en México está comenzando a transformarse el régimen imperante durante décadas. Juristas, académicos, medios, legisladores de la oposición y jueces han confluido, y se han retroalimentado, apoyado e, incluso, solapado para implantar y mantener las políticas neoliberales que tantos dividendos les otorgaron y desean se les sigan otorgando, tanto a ellos mismos como a los grandes intereses empresariales a costa del bienestar de la mayoría.
Basta un ejemplo: funcionarios que pretenden seguir devengando sueldos elevadísimos a pesar de las leyes y reformas constitucionales en sentido contrario ya promulgadas en este sexenio. En México, ningún servidor público puede ganar un salario superior al del presidente, de acuerdo con lo que estipula la Ley de Austeridad Republicana, que entró en vigor a finales de 2019 y fue promovida por el ejecutivo; sin embargo, los consejeros de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Electoral de la Federación ganan 286.600 pesos, unos 14.000 dólares, más del doble que los 136.500 pesos que percibe López Obrador cada mes. El ministro presidente de la Suprema Corte recibe 284.500 pesos. Cabe mencionar que los 11 ministros perciben mensualmente entre 372 mil 522.90 y 398 mil 473.37 pesos, y superan en 150 por ciento lo que gana AMLO, mientras que otros 31 empleados de este órgano, entre secretarios de estudio y cuenta, directores de área y titulares de unidades administrativas, reciben montos superiores a los del presidente de la República que van de los 200 mil a los 239 mil pesos mensuales. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa gana poco más de 141.000 pesos. Victoria Rodríguez Ceja, presidenta de Banxico, gana 248.500 pesos y se amparó para poder tener esa remuneración; los otros cuatro integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico, Galia Borja Gómez, Jonathan Ernest Heath Constable, Irene Espinosa Cantellano y Gerardo Esquivel Hernández, cobran cada uno emolumentos brutos de 4 millones 234 mil 840 pesos anuales (352 mil 903.34 pesos por mes) y están amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir obteniendo estas cantidades del erario. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, goza de un sueldo de 240.500 pesos y también promovió un amparo contra la ley de remuneraciones al igual que la dirección de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece, 206.400 pesos); el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 197.700 pesos), y Márquez (149.700 pesos), al frente del Inegi desde el 1 de enero de este año. La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Blanca Lilia Ibarra, gana 151.300 pesos y Gertz Manero, 146.600 pesos.
Margaret Thatcher, en 1985, afirmó: “no se perjudica a los pobres porque se pague bien a la élite”. Casi cuarenta años después, la descarnada desigualdad y la miseria desatadas en todo el mundo por el neoliberalismo la contradicen brutalmente.
A fin de evitar interpretaciones judiciales al modo neoliberal e incumplimientos a la Ley de Austeridad Republicana, el mandatario anunció que presentará una reforma constitucional para que ningún funcionario gané más que el presidente de la República. Debe eliminar de manera expresa cualquier resquicio que permita a los integrantes de órganos autónomos y del poder judicial evadir la norma máxima.
Este es sólo uno de los múltiples asuntos que están en juego en la rudísima lucha política que implican las reformas constitucionales por venir, con el propósito de transitar total y profundamente a un régimen distinto al neoliberal. El derecho es un frente más de las luchas sociales, por eso la Constitución y las leyes revisten tanta importancia a fin de que se redunde en un bienestar cada vez mayor para el pueblo a través de sus reformas, su interpretación judicial y académica, su difusión y divulgación mediática y, principalmente, su integración con los otros frentes.
