En días pasados, se aprobó la reforma constitucional sobre Guardia Nacional (GN). Desde que fue propuesta por el Presidente, la oposición gritó militarización y se negó radicalmente a debatir siquiera. Por primera vez, se dota a las fuerzas armadas de un marco jurídico para realizar una labor que ha hecho durante décadas, ilegalmente, a contentillo de los presidentes en turno. Quienes hoy se dicen escandalizados pidieron incluso mayor intervención extranjera para abonar a un “modelo” de seguridad que sólo trajo violencia.
Como a cualquier otra iniciativa presidencial, la oposición le ha enfrentado mentiras, medias verdades y muchos epítetos; vacíos legislativos, amparos y otras acciones legales ya conocidas. De entre ese caudal de obstáculos, destacaron dos que muestran la cara siniestra en la que se cruzan medios, jueces, políticos, legisladores, empresarios, “sociedades civiles”, policías y criminales con el ámbito militar. Uno de ellos es la filtración publicada por Peniley Ramírez del Informe sin testar de la Comisión presidencial sobre Ayotzinapa; el segundo, el “hackeo” al ejército por parte de un supuesto grupo Guacamaya. Ambos son la respuesta de ese mundillo infame contra la tarea de limpiar a profundidad las instituciones militares del país.
Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una profunda transformación de las fuerzas armadas, de la que poco nos percatamos en medio de tanto ruido. En primer lugar, desplazó a una poderosa elite militar que imponía secretarios de la Defensa a cambio de su respaldo a los presidentes en turno y, en segundo, eliminó el Estado Mayor Presidencial, fuerza regular que los representaba y que ha jugado un papel destacado en la cruel historia de represión y violencia militar. En contraparte, uno de sus primeros compromisos como Presidente fue aclarar el crimen de Ayotzinapa, abriendo archivos e instalaciones militares a la auscultación de la responsabilidad militar en ese caso, mediante la creación de una Comisión presidencial con participación de las víctimas. La Comisión ha avanzado y comienza a esclarecerse la verdad. Hoy, como nunca antes, hay un General detenido. El mensaje es claro. La Cuarta Transformación también va para las fuerzas armadas y se trata de una especie de ciudadanización de los militares.
Los dos hechos mencionados tienen el claro propósito de minar la confianza de la gente en las fuerzas armadas e infundir miedo, particularmente en la GN; enfrentarlas al ejecutivo, y proteger a quienes hayan participado en aquel y otros crímenes. El hackeo, o sustracción desde adentro, de información militar puede seguir siendo motivo de discusión y cuestionamiento público, aunque sus primeras revelaciones, cacareadas -otra vez- como la bomba que destruiría al gobierno, se desinflaron rápidamente para pasar a un desesperado golpe por otro flanco, desgastado desde hace años, y publicar una vulgar compilación de todas las mentiras sobre el Presidente y su entorno de “corrupción”, en lo que parece el informe anual de la estrategia de comunicación política de Carlos Alazraki. Sin lugar a dudas, seguirán saliendo “filtraciones” para toda ocasión, junto a la consabida guerra legal a la que acostumbran quienes están habituados a violar la ley y su cauda de aduladores, la otra cabeza de la hidra.
Organizaciones de la “sociedad civil”, claramente vinculadas a la oposición, interpusieron amparos contra la incorporación administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena. La jueza Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, otorgó una suspensión provisional a varias de ellas, de las que destaca “Uniendo Caminos México”. Se trata de una supuesta “red nacional de organizaciones civiles”, sin sitio oficial y con apenas mil seguidores en Facebook, dos o tres comentarios en sus publicaciones y varios videos que no pasan de una docena de vistas. Su cara visible es Joan Antonio Ochoa Sada, un abogado de Irapuato que quiso ser diputado “independiente”. Los amparos tuvieron el apoyo del despacho sin fines de lucro que “combate la impunidad”, Tojil, dirigido por Estefanía Medina y Adriana Greaves, ambas vinculadas a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En su Consejo Honorario está nada menos que Max Káiser, quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Función Pública con Felipe Calderón. Un señor que debió cuidar el dinero público en el sexenio más corrupto de la historia; el mismo que como candidato a Secretario Técnico de la Comisión Nacional Anticorrupción ocultó que tenía una amonestación por negligencia administrativa. Por supuesto es un férreo opositor del Gobierno de México y muy activo en las redes de bots. Por su parte, senadores panistas ya promovieron una acción de inconstitucionalidad en el mismo sentido, y continuarán en la línea de apostar al fracaso de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz mediante artimañas jurídicas y saturación mediática de falacias.
Pese a ello, en la práctica no tendrán mayor impacto, más que distraer y desgastar al gobierno. La Guardia Nacional seguirá ahí donde sea solicitada por gobernadores o presidentes municipales. Su tarea principal e inmediata es combatir a una delincuencia organizada que décadas de connivencia, corrupción e impunidad hicieron cada vez más poderosa en fuerza letal y en capacidad económica y política. Pero no es su finalidad; la coyuntura obliga. Su fin primordial es contribuir a restablecer la paz y fortalecer a las autoridades locales en sus responsabilidades.
Recordemos que la mayoría de los delitos son de orden común, de la competencia de gobiernos estatales y municipales. Sin su compromiso real y tangible, ni la Guardia ni la estrategia general avanzarán lo necesario. Podemos verlo en Guanajuato. Con el 4.9% de la población del país se comete el 12% de los homicidios, cuatro veces más que en la Ciudad de México. Su fiscal lleva 12 años en tres gobiernos panistas, con un record de 711% de incremento en este delito en ese lapso. Llama notablemente la atención que la susodicha organización por los Derechos Humanos no haya realizado algún esfuerzo contra la impunidad en su propio estado. Más aún, siendo de Irapuato que, como todos pudimos apreciar hace unos días, una vez más, que es un mar de tranquilidad. El reciente despliegue de la Guardia en ese estado tendrá resultados sólo si se acompaña de una verdadera voluntad política local de cooperación y articulación. Se ve difícil.
La evidencia, a pesar de la estridencia mediática y política en contra, demuestra que la Estrategia Nacional de Construcción de Paz está dando resultados positivos en casi todo el país, incluso en los estados y municipios más conflictivos. Los delitos federales han bajado 23% con una tendencia descendente muy clara desde el principio de esta gestión a agosto de este año. El secuestro bajó casi 80%, el homicidio, 14.6% y el feminicidio 33.6%.
Más allá de las cifras, hay un factor de la mayor importancia para que la GN realice su labor, la confianza de la gente, claramente demostrada por la Encuesta Nacional de Victimización 2022: 80.9% de los mayores de 18 años confía en ella. Ahí donde está desplegada, salvo muy pocas excepciones, la gente se acerca a ella antes que a su policía local. Esto ha facilitado que cada vez más se involucre en tareas de proximidad, como está diseñada.
Hay que insistir: la Guardia Nacional actúa a solicitud de las autoridades locales y en apoyo a sus policías y fiscalías; es sólo coadyuvante del MP en la investigación de los delitos y su actuación se apega al Código Nacional de Procedimientos Penales, como cualquier otra policía. En su despliegue y operación se atiene a lo que dispone la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a las decisiones que se toman diariamente en las mesas de seguridad (una federal, 32 estatales y 266 regionales) a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez. En la práctica, no veremos mayores cambios en su actuación, ya que las repercusiones de esta reforma son más de índole administrativa.
La transformación de las fuerzas armadas va dirigida a fortalecer su carácter de servicio social, de cercanía y lealtad al pueblo. De ahí que en estos cuatro años de gobierno, las fuerzas armadas se han involucrado en la construcción de obra pública de interés nacional, en apoyar los servicios de salud -su actuación intachable durante la pandemia es, por sí misma, un gran entrenamiento de cercanía, atención y servicio a la gente. Uno de los argumentos que la oposición ha esgrimido con frecuencia es de que las fuerzas armadas no están “hechas” para la seguridad de la población. Se olvidan, deliberadamente, que el Ejército y la Marina llevan 60 años instrumentando el Plan DNIII en todo desastre o contingencia grave que ha habido en el país. La Guardia Nacional nace de ese espíritu y de nosotros depende que sea la que ha de prevalecer.
Referencias
Sugeyry Romina Gándara. Guanajuato se baña en sangre desde que Zamarripa se encumbró. Parece que se va… Sin embargo, 010921.
https://www.sinembargo.mx/01-09-2021/4022215
Arnoldo Cuéllar. AMLO debe insistir en que se vaya el fiscal de Guanajuato. The Washington Post. 030821. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/08/03/guanajuato-fiscal-homicidios-violencia-amlo-renuncia/
Grupo Parlamentario. PAN. Cámara de Senadores. Presentan 49 legisladores acción de inconstitucionalidad por militarización de la seguridad pública. 111022 https://www.pan.senado.gob.mx/2022/10/presentan-49-legisladores-accion-de-inconstitucionalidad-por-militarizacion-de-la-seguridad-publica/
César M. Gutiérrez Priego. El fracaso de la GN, el mejor resultado a los intereses del caos. La Silla Rota. 120922. https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/9/12/el-fracaso-de-la-gn-el-mejor-resultado-los-intereses-del-caos-392373.html
Gobierno de México. Informe de Seguridad. 200922. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/760612/CPM_Informe_de_Seguridad__20sep22.pdf
Diario oficial de la Federación. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. 090922.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5664065&fecha=09/09/2022#gsc.tab=0
