Una jueza federal suspendió de manera indefinida la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y ordenó devolver su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Se trata de Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, quien otorgó una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México.
De acuerdo con Castro Gómez, la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, pues dice “que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión”.
Por ello, la jueza dictaminó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna.
Pese a lo esgrimido, todavía se espera la respuesta del Gobierno de México, quien tiene como principal base argumentativa el combate a la inseguridad garantizando un marco jurídico constitucional, el cual deriva, a su vez, en la certeza de un mayor control del organismo de seguridad, a fin de evitar violaciones a los derechos humanos.
