El tema de la desigualdad está dirigiendo la discusión política y económica global en el siglo xxi. Y no es para menos considerando las enormes asimetrías económicas que se expresan en el aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema a nivel mundial.
En el caso de la región latinoamericana es claro que, durante la era neoliberal, la política fiscal no contribuyó a la reducción de las desigualdades económicas, por las características regresivas de una estructura impositiva centrada en impuestos al consumo, que no considera la diferencias en el nivel de ingreso de los contribuyentes, como es el Impuesto al Valor Agregado (iva), atentando así en contra de los que menos tienen.
Bajo este contexto, resulta de interés nacional la reciente aprobación, por parte del Senado de la República, del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2023. El cual prevé ingresos por un total de 8.3 billones de pesos; 4.6 billones provenientes de los impuestos (64.1% por concepto de ISR y 35.9 por IVA); y el resto repartido entre ingresos petroleros, qjue reportan un crecimiento real de 35.8% (con respecto a enero-septiembre del año 2021), derivado del aumento en el precio del energético, que en este año superó los 90 dólares por barril (dpb), más de 20 dpb según lo presupuestado en el ejercicio anterior; y los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales.
Como era de esperarse, las críticas vertidas a esta propuesta en materia fiscal no se hicieron esperar. Como tampoco la falta de argumentos de quienes las emiten, por la incapacidad que tienen de vislumbrar las variaciones sociales que se producen cuando se tiene un Estado que participa activamente en la producción y distribución de satisfactores sociales, y un Estado que solo actúa como garante de los derechos de propiedad por parte de particulares. Tal y como ocurrió durante al menos tres décadas de gobiernos neoliberales en los que se impulsaron políticas de estabilización económica que no hicieron más que debilitar la participación del sector público en la economía nacional, hasta llegar a nulificar su intervención en la actividad productiva.
Todo ello bajo la premisa de que las funciones del sector público debían limitarse a: la salvaguarda de los derechos de propiedad, la supervisión de la realización de los intercambios mercantiles y la vigilancia en la aplicación de las leyes.
Por eso, si la oposición de verdad quiere superar su condición histriónica y pasar a hacer historia, debe comenzar a incluir dentro de sus marcos teóricos, el análisis de las funciones de planificación económica y las relaciones de mercado. Pues el pueblo mexicano cada vez está más claro en su demanda de mayor soberanía económica.
Y un campo fértil para este propósito se encuentra en la discusión entorno al derecho y la facultad que tiene el Estado mexicano de emitir su moneda, pues en la impresión de dinero se halla una importante alternativa de financiamiento, más allá de su recaudación fiscal. Dicho de otro modo, para que efectivamente, se ejerza una soberanía monetaria, el gobierno no debe estar restricto a la recaudación de ingresos tributarios que le permitan incrementar su gasto; sino que, primero debe aumentar el gasto público que permita impulsar el crecimiento y las transacciones comerciales. Y para que este aumento en la demanda de dinero no presione sobre la tasa de interés, se debe aumentar la oferta monetaria.
Es esto, o seguir simplemente mostrándose incrédula respecto a las proyecciones de crecimiento económico de entre 1.2 y 3.0% para el año 2023, y continuar obstaculizando el proceso histórico que representa la reindustrialización del país, a partir del impulso al sector energético, y la política de fortalecimiento al consumo de los sectores más desfavorecidos de la población, mediante el aumento del gasto programable del gobierno federal a programas de desarrollo social. Que, dicho sea de paso, es congruente con el lema de campaña de “primero los pobres”.
