El “Plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador eliminaría los excesos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Estipula que las percepciones salariales de los consejeros electorales y magistrados deberán ajustarse al artículo 125 de la Constitución Política, como todos los servidores públicos.
La noche de ayer, tras siete horas de sesión, el Senado de la República aprobó este dictamen en lo general con 69 votos a favor y 53 en contra y comenzó la discusión en lo particular.
Los beneficios del “Plan B” van más alla de la democracia, pues se estima que en el primer año de vigencia, 2023, generará ahorros por 5 mil millones de pesos.
Al respecto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que al avalarse esta iniciativa el INE ya no puede imponer penalidades, impedir registro de candidaturas y se sientan las bases para evitar la compra de votos.
Explicó que con los ajustes a las leyes secundarias se suprimen monederos electrónicos, tarjetas y medios de prepago con los cuales se podría condicionar el voto.
Con el “Plan B” la responsabilidad del manejo del presupuesto será colegiada y recaerá en cinco consejeros electorales.
Con información de Contralínea y La Jornada.
