Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
Piden delegación plural para evaluación sobre derechos humanos ante la ONU
(03 de octubre, 2013).- A través de un punto de acuerdo se exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre una delegación plural y de alto nivel como representante de México en la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a realizarse el próximo 23 de octubre de 2013 en Ginebra.
“Exhortamos a que se integre una comisión plural, de alto nivel, para que asista ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta comisión debe estar integrada por los representantes de todo el Estado, que incluya a los legisladores –que son representantes populares–, puesto que es un tema del estado mexicano y no del Ejecutivo Federal”, señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien firmó el punto de acuerdo.
Mejía Berdeja señaló que es importante la pluralidad puesto que no se puede tomar en cuenta solamente la voz del Ejecutivo Federal, que es “interesada y parcial”, sino que los evaluadores deben tener un panorama completo de la situación que está viviendo el país:
“En el país siguen prevaleciendo la figura del arraigo, el fuero militar, las desapariciones forzadas, no se ha actualizado el tipo penal de feminicidios en varios estados, sigue muy laxa la legislación en materia de trata de personas y en general vivimos un contexto de restauración autoritaria de parte del Gobierno Federal”.
Así también señaló que espera que los países que vayan a evaluar a México lo hagan de manera objetiva, puesto que “los temas de derechos humanos tienen una jurisdicción internacional. Donde hay un ser humano debe prevalecer una interpretación favorable a los derechos de las personas más allá de nacionalidades”.
El EPU es un procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHONU) que tiene como finalidad la supervisión de la situación en la que se encuentran los derechos humanos de todos los Estados miembros.
Es por eso que se considera fundamental tomar en cuenta a actores de las diferentes instituciones gubernamentales como las carteras de Economía, Comunicaciones, Medio Ambiente, Desarrollo Social o Trabajo. Así también, a los representantes del Poder Legislativo y a miembros de las entidades federativas, para que se ejerzan compromisos más puntuales y mejor adecuados a la realidad de cada circunstancia específica.
Dicho examen permite que los Estados se evalúen entre sí, con base en tres informes: el nacional que es presentado por el Ejecutivo Federal de manera oficial, en el cual se resaltan los “logros” que ha tenido el gobierno en turno con respecto a los derechos humanos; la recopilación que lleva a cabo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y un tercero donde se recogen también los informes de la sociedad civil, que en esta ocasión se integró con 32 organizaciones nacionales y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que integra a 73 asociaciones–, además de hasta 12 informes elaborados por separado-.
La República Checa, Kazajstán y Burkina Faso serán los países que realizarán un primer informe sobre las respuestas de México y las recomendaciones. Cabe señalar que en el examen se lleva a cabo una evaluación sobre el respeto de parte del Estado a las obligaciones que emanan de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Dicho examen sólo se ha realizado una vez, en el año 2009, y en esta ocasión se evaluará el periodo de 2008 a 2012. Esta evaluación toma más relevancia después de la reforma constitucional al artículo primero, en el cual los derechos plasmados en tratados internacionales cobran relevancia constitucional.
Cabe señalar que en la primera evaluación de este tipo, que fue encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, México recibió 91 recomendaciones, de las cuales 83 fueron aceptadas, 3 fueron rechazadas; sobre el resto no se emitió una respuesta clara.
En las consideraciones del punto de acuerdo se explica que el EPU es “una oportunidad muy valiosa para obtener insumos sobre los más graves pendientes en materia de derechos humanos, y que la responsabilidad adquirida por el Estado atañe a todas sus partes integrantes. La rendición de cuentas hacia la ciudadanía debe complementarse con un adecuado desempeño en la materia ante la mirada de comunidad internacional”.
Así es como el próximo 25 de octubre, dos días después del examen en Ginebra, los evaluadores presentarán un informe, que puede ser aceptado, rechazado o pendiente de acuerdo a la valoración del Estado mexicano, con respecto al ejercicio y respeto de los derechos humanos en el periodo de 2008 a 2012.
Los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente, fueron quienes encabezaron la presentación del punto de acuerdo.
