Fuente: Zona Franca
León, Guanajuato.- Ante la relevancia del caso de la agresión a María de la Luz Salcedo Palacios, conocida como Lucero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidió atraer el caso para continuar la investigación.
El ombudsman de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, explicó que son tres cuestiones las que se investigan en el caso: el trato que dio la Policía Federal a la joven, la falta de protocolos en el Hospital General de Guanajuato y presuntas omisiones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) al abordar el caso.
“Lo que sigue para la Procuraduría de los Derechos Humanos es seguir pegados con ella, seguir en un acompañamiento, si la CNDH ve una conveniencia en desahogar más pruebas, vamos a estar en coadyuvancia en esa parte (sic)”, dijo.
En tanto, José Zamora Grant, director de la sexta visitaduría de la CNDH, indicó que el organismo federal atrajo el caso de Lucero debido a la gravedad y relevancia del mismo, así como por el involucramiento de elementos de la Policía Federal.
Además señaló que debido al avance que lleva la investigación realizada por la PDHEG, el organismo federal emitirá las recomendaciones correspondientes en un corto plazo.
“No habrá retrasos, no habrá dilaciones y mucho menos por cosas injustificadas para determinar lo más pronto posible el expediente”
A parte del caso de Lucero, en Guanajuato la procuraduría investiga también dos casos más de violencia contra las mujeres, uno en la capital y otro en León, éste último registrado el pasado 2 de octubre en Las Joyas.
“Este año llevamos 700 expedientes aperturados y casi la mitad de estos expedientes son de una quejosa o agraviada en los principales rubros que son ejercicio indebido de la función pública, lesiones y detención arbitraria”, dijo.
‘Políticas públicas requieren ser pulidas’
En entrevista para Zona Franca, el procurador de Derechos Humanos del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera reconoció que en Guanajuato se requiere pulir y hacer más eficientes las políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres.
Asimismo, señaló que el caso de Lucero debe ser un aliciente para que se revisen los protocolos del Ministerio Público para atender a víctimas de violencia feminicida.
