La gentrificación no es inevitable. Aunque en barrios enteros de la Ciudad de México ya se sienten sus efectos: desplazamiento, encarecimiento, pérdida de identidad, aún es posible revertir el fenómeno si se toman medidas concretas. Así lo afirma el profesor Saúl Alcántara, especialista en patrimonio urbano y académico de la UAM Azcapotzalco.
En entrevista con El Universal, Alcántara advirtió que este proceso, que ha reconfigurado zonas como la Condesa y la Roma, no puede seguir sin control.
“Seguimos planificando con herramientas de hace décadas, sin reglas claras ni límites al crecimiento turístico o comercial”, dijo.
La solución que propone es clara: dar incentivos reales a los residentes originales para que permanezcan en sus barrios. Esto incluye reducir impuestos, ofrecer apoyos para mantenimiento de viviendas antiguas, y poner un alto a la transformación desmedida de casas familiares en alojamientos temporales tipo Airbnb.
“No se trata de frenar el desarrollo, sino de equilibrarlo. Lo que no se puede permitir es que tiren edificios patrimoniales para levantar complejos turísticos sin control. Eso ya no es vivienda, es negocio”, subrayó.
Alcántara no está solo. Otros expertos, como Eduardo Aguilar, del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, coinciden en que el Estado debe intervenir. Aguilar considera que se debe flexibilizar la normativa urbana para aumentar la oferta de vivienda bien ubicada, pero sin dejar de lado la asequibilidad.
“Se requieren subsidios, cooperativas y reglas para evitar que esa vivienda termine en el mercado premium”, señaló.
Desde otra trinchera, el académico Adrián Hernández urgió a que el gobierno asuma un papel más activo. Para él, el único camino sostenible es regular el mercado del suelo y enfrentar a los intereses inmobiliarios.
Como ejemplo de lo que sí se puede hacer, Hernández mencionó el caso de Barcelona, donde ya se prohibieron nuevas licencias de Airbnb en el centro histórico.
A pesar del avance de la gentrificación, los expertos coinciden: sí hay forma de frenarla, pero se necesita regulación moderna y, sobre todo, un enfoque que ponga a los habitantes por encima del mercado.
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