La empresa señalada por huachicoleo internacional, con vínculos políticos de alto nivel y antecedentes turbios, recuperó sus permisos de importación de combustibles, por orden del Poder Judicial.
Se trata de Ingemar S.A. de C.V., firma que obtuvo sus autorizaciones en 2018, durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el desorden en el sector energético permitía el ingreso libre de empresas con operaciones poco claras. Al arrancar el sexenio de López Obrador, en 2019, la Secretaría de Energía canceló más de mil permisos, incluyendo los de Ingemar. Pero la empresa se amparó y un juez federal obligó al gobierno a devolvérselos.
La empresa, ligada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, había perdido esos permisos al inicio del sexenio como parte de la estrategia federal para cerrar el paso al contrabando de combustibles, argumentando riesgos y prácticas ilegales. Sin embargo, la empresa inició un proceso legal que terminó con una sentencia que obligó a la Secretaría de Energía a regresarle el permiso y recuperó legalmente sus autorizaciones para volver a operar con total normalidad.
Huachicol con sello judicial
A pesar de las investigaciones abiertas y del historial dudoso, en 2023 la empresa ya contaba con cuatro permisos vigentes, incluyendo importación de gasolina, diésel y turbosina, vigentes hasta diciembre de 2024. En su momento, esto la colocó como la única importadora de nivel medio activa en el país.
La situación estalló en recientes días con el mayor decomiso de huachicol en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum: más de 15.5 millones de litros asegurados en Coahuila, junto con 129 carrotanques en Ramos Arizpe y Saltillo. La carga, informó Revolución TRESPUNTOCERO el pasadomartes 8 de julio, pertenece a Ingemar. El golpe encendió las alertas y volvió a poner los reflectores sobre la decisión judicial que la mantuvo operando.
Política, negocios y combustible ilegal
Las conexiones políticas no faltan: uno de los accionistas de Ingemar es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica del PAN. Aunque ya rechazó las acusaciones, su nombre aparece vinculado a la red de empresarios detrás de la operación de importación.
El caso no solo muestra cómo opera el huachicol de cuello blanco, sino cómo el Poder Judicial se convirtió en actor clave para sostener negocios oscuros nacidos bajo gobiernos anteriores, aún cuando la administración actual ha intentado cerrarlos.
Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) siguen desmantelando redes de contrabando, jueces federales habrían reactivado permisos nacidos del gobierno peñista. El resultado: empresas bajo investigación a las que dieron el sello legal para mover millones de litros de combustible por todo el país.
