El Gobierno de la Ciudad de México lanzó un mensaje claro: ningún proveedor está por encima de la ley. La Secretaría de Administración y Finanzas confirmó que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tiene contratos vigentes con la capital, pero advirtió que todos serán revisados a fondo.
El anuncio llega al rededor de la controversia por la deuda que arrastra el magnate con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que supera los 74 mil millones de pesos. El gobierno capitalino no se quedó al margen y aseguró que tomará medidas, revisando cada uno de los acuerdos con las empresas del grupo, particularmente con Seguros Azteca.
“Todos los contratos vigentes del Grupo con el Gobierno de la Ciudad serán sujetos a una revisión”, informó la Secretaría de Finanzas.
Aunque no se especificó cuántos ni cuáles contratos siguen activos, se confirmó que en 2023 y 2024 se contrataron productos financieros con Seguros Azteca, incluyendo pólizas para la protección de bienes, personas y estudiantes de escuelas públicas.
Uno de los contratos más relevantes fue por 94.7 millones de pesos, para asegurar a más de dos millones de estudiantes, docentes y personal de instituciones educativas de la CDMX.
La periodista Claudia Villegas aseguró que dicho contrato se habría renovado para un tercer periodo en 2025, aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente su vigencia actual. Lo que sí dejó claro la autoridad es que ese y todos los contratos activos con Grupo Salinas serán evaluados, y podrían ser cancelados.
El gobierno capitalino también subrayó que impulsará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos sus proveedores, una postura que cobra relevancia por el largo litigio del empresario con el SAT.
A pesar de las recientes críticas lanzadas desde redes sociales por el propio Salinas, la administración capitalina sostuvo que sus contrataciones se han realizado conforme a la ley, bajo criterios de austeridad, transparencia y eficiencia.
Por ahora, lo único claro es que las empresas de Ricardo Salinas Pliego están bajo revisión. Y que, en la Ciudad de México, ningún contrato está garantizado si no cumple con las reglas, ni con el SAT.
