Chiapas – En un operativo sin precedentes que ha sacudido el sistema penitenciario de Chiapas, Erika “N”, directora del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 11 de Pichucalco, fue detenida junto a seis custodios más. Las órdenes de aprehensión se ejecutaron directamente dentro del penal y están relacionadas con el homicidio de un interno identificado como Héctor “N”, quien falleció en un hospital tras una agresión.
La lucha contra la impunidad en las prisiones de Chiapas
Este importante despliegue, encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en una acción coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano. La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que la intervención forma parte del ambicioso programa estatal de “Cero Impunidad y Cero Corrupción”, cuyo objetivo principal es erradicar las redes criminales que operan al interior de las instituciones penitenciarias.
El operativo se realizó tras una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público de Pichucalco, en relación con un delito grave cometido dentro de la misma prisión. La detención de la directora Erika “N” y de los seis custodios –identificados como Enrique “N”, Ricardo “N”, Daniel “N”, Otoniel “N”, Miguel “N” y Aníbal “N”–, subraya la seriedad con la que las autoridades están abordando la presunta complicidad y la comisión de ilícitos en los centros de reinserción social. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con la integración de la carpeta de investigación.
El caso de Héctor “N” es el punto central de esta investigación. Su muerte, ocurrida en un hospital donde recibía atención médica por la agresión sufrida, ha puesto en evidencia posibles fallas graves y actos delictivos dentro del penal.
La SSP refrendó su compromiso de castigar a los responsables de cometer ilícitos en Chiapas y garantizar el Estado de Derecho en la entidad. Este operativo envía un claro mensaje de que la corrupción y la criminalidad no serán toleradas en las instituciones encargadas de la seguridad y reinserción social. La acción busca no solo sancionar a los involucrados, sino también prevenir futuros incidentes y asegurar que los centros penitenciarios cumplan su función de manera segura y legal.
