En la Mañanera del Pueblo de este martes 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su aval a la creación de una comisión especial para investigar a fondo al llamado “cártel inmobiliario”, presuntamente operado desde la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
“Está bien si así lo decide el Congreso, que se abra la investigación. Está en sus facultades”
Expresó la mandataria federal al ser consultada sobre las indagatorias en torno a presuntas redes de corrupción relacionadas con irregularidades en permisos de construcción, uso de suelo y transferencias sospechosas ligadas a familiares del actual presidente nacional del PAN, Jorge Romero.
La jefa del Ejecutivo recordó un hecho detonante ocurrido durante su gestión como Jefa de Gobierno: una explosión por gas en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez que, al ser investigada, reveló una cadena de irregularidades en desarrollos inmobiliarios de la zona. A partir de ahí, se identificaron múltiples casos de construcciones sin autorización, modificaciones al uso de suelo y edificios que operaban fuera de la normativa vigente.
“Hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario en esa alcaldía”
Subrayó, al referirse a las evidencias recabadas en su momento. También, Sheinbaum reiteró que este tipo de actividades se concentraron en la Benito Juárez, una alcaldía que históricamente ha sido gobernada por el PAN.
Una comisión para ir al fondo del asunto
La propuesta de crear una comisión especial surge con el objetivo de dar seguimiento puntual a las denuncias, rastrear operaciones sospechosas y revisar posibles redes de complicidad entre funcionarios y desarrolladores inmobiliarios. No se trata de un juicio mediático, sino de una vía institucional para que las autoridades competentes puedan llegar hasta las últimas consecuencias.
Con este respaldo, se abre una puerta importante para investigar con mayor profundidad y transparencia uno de los casos de presunta corrupción urbana más señalados en los últimos años.
La posibilidad de revisar transferencias financieras que involucran a familiares del dirigente panista también quedó sobre la mesa, siempre que el proceso se mantenga dentro de los cauces legales establecidos y respetando el debido proceso.
El aval a esta comisión representa un paso firme hacia el esclarecimiento de posibles abusos en el desarrollo urbano, un tema que afecta directamente a miles de ciudadanos que habitan en zonas donde la planeación fue desplazada por el interés privado.
Hoy, el llamado está hecho: la comisión especial podría investigar, documentar y entregar resultados. La prioridad es clara: que la ciudad crezca de forma ordenada, legal y con respeto a quienes la habitan.
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