La Secretaría de Gobernación presentó este miércoles un balance de los acuerdos y avances en torno a la reforma de la Ley General en Materia de Búsqueda de Personas. Más de 450 colectivos y familias de personas desaparecidas participaron en 90 mesas de diálogo que culminaron en 30 propuestas concretas. Para el gobierno, el siguiente paso es claro: que la ley refleje las voces de quienes buscan y resisten.
En conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, subrayó que la aprobación de una ley no basta si no parte de las necesidades reales de las víctimas.
“Lo más importante a considerar es que estas propuestas ya cuentan con las perspectivas de las víctimas”, afirmó.
En sus palabras, se avanza hacia una política pública sensible, transparente y corresponsable, que no repita los errores del pasado.
Entre las propuestas clave, destacan:
- Un protocolo claro para activar la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Reconocimiento social del papel de las familias buscadoras.
- Protección de datos personales y dignificación del trato a restos humanos.
- Integración de servicios y autoridades para agilizar el acceso a bases de datos.
- Apoyo integral a hijos e hijas de personas desaparecidas, con énfasis en el bienestar de huérfanos.
- Sensibilización general para prevenir factores de riesgo.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, con mecanismos de rendición de cuentas.
Rodríguez también informó que se trabaja en la armonización de los instrumentos normativos ya existentes, con el objetivo de consolidar una estrategia federal que funcione de manera coordinada en todo el país. A su vez, reconoció que aún hay retos en materia de seguridad en algunas regiones, pero reiteró que el gobierno continúa colaborando con las autoridades competentes para fortalecer los sistemas de prevención, respuesta y atención a víctimas.
“Hemos propuesto caminar y trabajar juntos para encontrar soluciones y abordar con detalle el tema que nos preocupa, con dedicación y compromiso”, agregó la secretaria.
La participación activa de las familias y colectivos no se detiene con la presentación de propuestas. El gobierno reiteró su compromiso de seguir dialogando y construir una ruta compartida, donde la ley y la justicia no se impongan desde arriba, sino se construyan desde el dolor, la memoria y la resistencia de quienes siguen buscando.
Porque en un país con más de 100 mil personas desaparecidas, no hay tiempo para leyes que lleguen tarde.
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