La plataforma de la empresa SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, ingresó y operó sin autorización en aguas mexicanas con el objetivo de recuperar restos de uno de sus cohetes caído en el Golfo de México. Así lo denunció este miércoles el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Según explicó el funcionario, la plataforma ingresó para recolectar basura espacial de un cohete lanzado por la empresa de tecnología aeroespacial, sin haber cumplido los procedimientos legales establecidos por el Estado mexicano.
“Esa plataforma no cumplió con los requisitos para poder trabajar y se retiró. Estamos viendo las sanciones porque realizaron trabajo sin permiso”, señaló el almirante.
La operación clandestina fue detectada en inmediaciones de playa Bagdad, en el estado de Tamaulipas, luego de que organizaciones ambientales alertaran sobre el impacto que los fragmentos del cohete Starship podrían estar teniendo sobre el ecosistema marino. La Semar confirmó que SpaceX contrató directamente a dicha plataforma para las labores de recolección de restos del vehículo espacial.
Por ahora, las autoridades mexicanas ya analizan qué sanciones podrían imponerse a la empresa de Musk por haber violado normativas marítimas internacionales y por operar sin permisos. Las penalizaciones se determinarán tras una revisión jurídica especializada.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya casi concluyen los estudios sobre las afectaciones ambientales provocadas por el incidente. El análisis, realizado en conjunto por las Secretarías de Medio Ambiente, Gobernación, Marina, Relaciones Exteriores y la Agencia de Transformación Digital, será presentado en breve.
“Sí tiene afectaciones […] Se está revisando todo para presentarlo con claridad. También se trabaja en la parte jurídica contra la empresa”, expresó Sheinbaum.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen el control sobre los restos del cohete, y aseguran que se seguirá el cauce legal e institucional para hacer valer la soberanía nacional frente a cualquier actor, público o privado, que actúe al margen de la ley.
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