Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, vuelve al ojo del huracán. Esta vez no es por desvíos millonarios o lavado de dinero, sino por un tema aún más delicado: el presunto tráfico de menores cometido durante su gestión. La información fue publicada originalmente por el periódico La Jornada y ha desatado alarma y repudio en redes sociales.
Según el reporte, Padrés solicitó un amparo para evitar ser detenido, incomunicado o privado de su libertad, en el marco de una investigación que tiene como base la recomendación 9VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual documenta la sustracción ilegal de niñas y niños de madres en situación de pobreza o con adicciones, quienes habrían sido entregados mediante adopciones irregulares a cambio de pagos que iban de los 110 mil a los 130 mil pesos.
Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2015, justo cuando el panista Padrés era gobernador del estado. Las irregularidades fueron detectadas en la operación de la casa hogar Unicari, con casos localizados en Empalme, Guaymas, Hermosillo y Navojoa. La red involucraría a funcionarios estatales que, bajo el pretexto de “rescatar” a los menores, los alejaban de sus madres para entregarlos a parejas interesadas en adoptar, fuera de todo protocolo legal.
La solicitud de amparo fue presentada por Padrés el pasado 20 de julio y registrada oficialmente cuatro días después, de acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, tomó conocimiento del caso y también reportó que hay otros recursos legales promovidos para exigir avances en las investigaciones sobre los casos de al menos dos niñas, identificadas por sus iniciales R.I.C.P. y N.A.F.H., además de otros menores cuyos nombres están protegidos.
No es la primera vez que el nombre de Guillermo Padrés aparece vinculado a escándalos judiciales. En 2016 fue detenido por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Pasó más de dos años en el Reclusorio Oriente y salió bajo fianza en 2019. Este mismo año, la Suprema Corte ratificó una sanción que lo obliga a pagar 200 millones de pesos por evasión de impuestos durante su mandato.
Mientras tanto, el amparo solicitado busca blindarlo ante cualquier orden de aprehensión relacionada con la nueva investigación. Pero con los antecedentes que arrastra y los señalamientos que ahora apuntan a su administración por algo tan grave como el tráfico de menores, la sombra del escándalo vuelve a perseguirlo, y esta vez podría ser aún más contundente.
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