Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia demandaron este viernes a la administración Trump por ejercer una “campaña de presión inconstitucional” para impedir que médicos y hospitales brinden atención de afirmación de género a jóvenes transgénero.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseveró queel gobierno federal está llevando a cabo una campaña de acoso cruel y selectiva contra los proveedores que ofrecen atención legal que salva vidas a los niños.
“Nunca dejaremos de luchar por la dignidad, la seguridad y los derechos básicos de la comunidad transgénero”
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, argumenta que la administración Trump intenta implementar una prohibición nacional de facto de la atención de afirmación de género para jóvenes, a pesar de que no existe una ley federal que la prohíba.
El fiscal general de California, Rob Bonta, durante una conferencia de prensa declaró que la administración intenta intimidar, coaccionar y amenazar con el de procesamiento penal.
La denuncia argumenta que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han intimidado tanto a médicos como a hospitales a través de citaciones, amenazas con procesamientos penales, investigaciones y exigencias de datos privados de pacientes.
“El resultado es una atmósfera de miedo e intimidación que experimentan las personas transgénero, sus familias y cuidadores, y los profesionales médicos que solo buscan brindar la atención necesaria y legal a sus pacientes”
Administración de Trump instrumentaliza delitos graves
El gobierno de Trump utiliza una ley que tipifica como delito grave la mutilación genital femenina a menores de 18 años para amenazar con acciones legales contra proveedores y hospitales.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, escribió que esta ley se aplica a ciertos tipos de cirugía de afirmación de género, aunque es extremadamente raro que las menores transgénero se sometan a cirugía.
El Departamento de Justicia también ha citado leyes destinadas a frenar el fraude a Medicaid y leyes de seguridad alimentaria y farmacológica. El razonamiento es que la terapia hormonal es un medicamento y se está utilizando indebidamente.
Bonta descartó definitivamente ese razonamiento legal.
“Sin duda, están librando guerras culturales, sin duda están politizando. Lo que no están haciendo es ejercer la abogacía”
