Por unanimidad, los 37 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen a favor de la reforma que busca darle facultades al Congreso para legislar contra la extorsión.
La reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la ley general en la materia.
Las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta que el Congreso de la Unión emita la ley general de la materia.
La diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Irma Yolanda Garay Loredo señaló que, con la aprobación de esta propuesta, el país vivirá un momento histórico, pues este delito ha afectado profundamente a la sociedad mexicana.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, señaló que el delito de extorsión afecta una buena parte del país, y no se limita a un territorio, por lo que es necesario legislar para contener dicho delito.
Oposición avala y pide comisión para creación de ley
Además, el diputado solicitó crear un grupo plural de trabajo para proponer una ley general contra la extorsión.
“Que podamos abrir un espacio para ir trabajando esta ley general que se anuncia, esta ley secundaria que se anuncia, para que contenga las opiniones de los gobiernos de los estados”.
En el dictamen aprobado se reconoce que hoy en México no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país.
La diputada panista Cristina Márquez planteó que la ley general que se derive de la reforma constitucional que faculta al Congreso a legislar en la materia, debe fortalecer las instituciones que participan en el desarrollo de las tareas para evitar, prevenir, detectar y sancionar la extorsión en cualquier caso.
“De ninguna manera podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país, y que ha degenerado en la delincuencia”
Además, señaló que la extorsión ha pasado de ser un delito patrimonial a convertirse en un delito que afecta la libertad y la seguridad de las personas.
