En un acto de justicia largamente esperado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha logrado la restitución de 53 mil hectáreas de tierras a diversas comunidades indígenas en México. Esta medida, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación y consolidada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca atender reclamos históricos y garantizar la certeza jurídica de los territorios ancestrales.
Un largo camino hacia la restitución
La entrega de estas tierras a sus legítimos dueños es el resultado de un esfuerzo coordinado que ha utilizado varios mecanismos, como la enajenación de terrenos nacionales, la adquisición de superficies y el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA). Estos procesos se han formalizado mediante decretos presidenciales. La restitución responde a la exigencia de los pueblos originarios de recuperar, administrar y proteger sus territorios conforme a sus propios sistemas de gobierno, una demanda que ha persistido por generaciones.
Entre las restituciones más importantes se encuentran las 45 mil hectáreas entregadas al pueblo yaqui de Sonora, más de 5 mil al pueblo wixárika, 2 mil 496 al pueblo tarahumara (rarámuri/ralámuli) y más de 500 al pueblo ódami. Estos logros son un paso significativo para asegurar el futuro y las tradiciones de las comunidades.
Planes de Justicia para un desarrollo integral
La restitución de tierras es solo una parte de un plan más grande. Actualmente, la SEDATU, en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y otras instituciones, está trabajando en la consolidación de nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Estos planes son un instrumento del gobierno para atender de manera integral las demandas de las comunidades, abordando no solo el tema de la tierra, sino también el de infraestructura y desarrollo social.
Los planes se enfocan en diversas regiones del país, incluyendo las comunidades wixárikas de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango; la Sierra Tarahumara en Chihuahua; los pueblos yoreme-mayo y yaqui en Sonora; el pueblo purépecha de Michoacán, entre otros.
En este marco, la directora general de Concertación Agraria y Mediación, Mariana Pérez, destacó la importancia de estos planes como una “intervención integral” y señaló que, a través del PADCA, ya se han restituido casi 6 mil hectáreas a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y más de 693 hectáreas a la comunidad Bosques de San Elías Repechique, por mencionar algunos ejemplos.
Inversión histórica en infraestructura social
Además de la restitución de tierras, el gobierno ha destinado una inversión millonaria para obras de infraestructura social básica. La Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel Reyes, informó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ahora reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. Esto les permite decidir de forma democrática sobre las obras que se realizarán en sus territorios.
Gracias a la reforma al artículo 2 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha creado el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), que en su primer año cuenta con 12 mil 374 millones de pesos. Este dinero se destinará a obras de agua potable, electrificación, escuelas y mejoramiento de vivienda, entre otras. Ariadna Montiel resaltó que los recursos se entregan directamente a las comunidades a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de evitar intermediarios.
Este compromiso del gobierno no solo repara un pasado de injusticias, sino que también sienta las bases para un futuro donde los pueblos originarios de México puedan ejercer plenamente su derecho al territorio y al desarrollo.
