El gobierno de la Ciudad de México anunció que, a partir de la próxima semana, iniciará una ambiciosa estrategia de reordenamiento en la Avenida Juárez y la Alameda Central. El plan, similar al que se implementó con éxito en Paseo de la Reforma, busca regular la actividad comercial y mejorar la seguridad en una de las zonas más emblemáticas de la capital.
Así lo informó César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno, quien explicó que las acciones comenzarán una vez que concluya la Fiesta de las Culturas Indígenas, actualmente en el Zócalo. El objetivo es que todo el personal operativo de la dependencia esté disponible para esta nueva tarea.
¿Quiénes serán reordenados?
Según Cravioto, el plan integral abordará varios frentes:
- Comerciantes tradicionales: Se reubicará a los vendedores de la zona, incluyendo a los que tienen puestos fijos y pertenecen a grupos de comerciantes.
- Colectivas feministas: Las manifestantes y vendedoras que se han instalado en la zona de forma permanente también serán parte de este reordenamiento. El secretario reconoció que, a diferencia de los comerciantes, ellas no tienen una organización formal, por lo que se buscará un acercamiento diferente.
- Servicios sexuales y seguridad: El gobierno también se enfocará en el tema del sexoservicio, que ha provocado un aumento de delitos en la zona. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ya está preparando un plan para atender esta situación en toda la capital.
El reordenamiento en el Centro Histórico no es una idea nueva. En junio pasado, la Secretaría de Gobierno llevó a cabo un operativo similar en Paseo de la Reforma, donde se logró retirar a 11 grupos de comerciantes, la mayoría de ellos de origen indígena, y se les reubicó en otros puntos de la ciudad.
Este precedente sugiere que el gobierno de Clara Brugada tiene la intención de recuperar los espacios públicos, buscando un equilibrio entre la actividad comercial y la seguridad. El éxito de esta nueva fase en Avenida Juárez y la Alameda Central dependerá de la capacidad de las autoridades para coordinarse y ofrecer alternativas viables a los grupos afectados, especialmente a aquellos que no tienen una organización formal.
