(24 de octubre, 2013).- “Lo más penoso es no tener cifras” dijo Alicia Mesa, directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, al exponer el diagnóstico que evidencia la correlación entre la trata de personas con fines de explotación sexual y los feminicidios.
La falta de datos duros oficiales revela una tendencia: carencia de voluntad política para evaluar, medir, prevenir y reparar integralmente a las víctimas de lo que se ha definido como violencia feminicida.
Gerardo Sauri, secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), denunció una falta de conocimiento sobre las estructuras de las mafias que operan estas redes, “no sabemos quiénes son las cabecillas ni tenemos cifras de víctimas ni perpetradores” reveló al referir que el último estudio nacional tiene más de 15 años de haberse realizado.
La ineficiencia en la sistematización y clasificación de los asesinatos de mujeres como feminicidios, por otro lado, responde tanto a una lógica temporal –el feminicidio fue tipificado apenas en 2007– como a la falta de capacitación del personal en el proceso de procuración de justicia y a la coalición entre victimarios y autoridades.
El DF representa un caso especial en el mapa de trata en el país porque además de ser un centro económico neurálgico, representa una ciudad de contacto en muchas de las rutas de trata –es paso, destino y origen de explotación de mujeres.
De los pocos resultados, apuntaron los especialistas, las víctimas rescatadas no han recibido la atención integral y, las pocas personas consignadas, son, de acuerdo con Gerardo Sauri, “del último eslabón en la cadena de criminalidad, normalmente clientes”. Las cabecillas siguen intactas. La estructura de la violencia feminicida sigue sin ser tocada.
