La justicia cerró la puerta a Silvano Aureoles Conejo. Una jueza federal rechazó frenar cualquier orden de aprehensión en su contra, con lo que el ex gobernador de Michoacán quedó expuesto a ser detenido por los procesos que pesan sobre él.
La resolución fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien negó la suspensión definitiva que Aureoles había solicitado para evitar su captura. Hasta hace unos días, el ex mandatario gozaba de una suspensión provisional, pero el beneficio quedó sin efecto con la decisión dada a conocer este 25 de agosto.
Sin aparecer en la audiencia
El problema legal de Aureoles se agravó desde el 20 de agosto, cuando él y su ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, no se presentaron a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlos.
Ese día, la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, los esperaba para responder por los delitos que se les atribuyen. Sus abogados, Ángel Echegaray Vaca y Alán Aurelio Solano Carranza, dijeron desconocer las razones de la inasistencia.
¿De qué se le acusa?
La FGR sostiene que Aureoles y su equipo presuntamente causaron un daño patrimonial de 3 mil 412 millones de pesos al adquirir cuarteles para la Guardia Civil a sobreprecio en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Los delitos que se le imputan no son menores: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
En marzo pasado, ya habían sido vinculados a proceso cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como responsables de haber participado en el millonario quebranto.
Un expediente que crece
El caso contra Aureoles sigue sumando capítulos y la decisión de la jueza Vargas Alarcón abre la puerta a que pueda ejecutarse su captura en cualquier momento. La ex figura perredista, que llegó a sonar como aspirante presidencial, enfrenta ahora uno de los procesos más serios contra un ex gobernador en la última década.
