Norma Piña cierra un capítulo de alto voltaje en la vida institucional del país. Tras más de dos años como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó el cargo con un sello inconfundible: resistió reformas clave del Congreso, tensó la relación con el Ejecutivo y asumió, en los hechos, un rol de oposición dentro del Poder Judicial.
Su salida activa de inmediato una restricción constitucional: no podrá ocupar ningún cargo público —federal, estatal, municipal ni en organismos autónomos— durante los próximos dos años. Es decir, estará inhabilitada hasta 2027, de acuerdo con el artículo 101 de la Carta Magna.
Una presidencia marcada por choques
En su paso por la Corte, Piña frenó proyectos emblemáticos, como la reforma electoral impulsada en su momento por Andrés Manuel López Obrador. También protagonizó episodios simbólicos: desde el silencio de la sala al no recibir aplausos durante la ceremonia del Día de la Constitución en 2023, hasta la ausencia de representantes de la Corte en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en 2024.
Ese estilo confrontativo la convirtió en figura central de la polarización entre poderes.
Relevo en la Corte y fin de privilegios
La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia del máximo tribunal también marcó un antes y un después tras la salida de Piña. Su primera medida: recortar pensiones y eliminar beneficios para los exministros, afectando directamente a la propia Piña y a otros expresidentes de la Corte.
El nuevo rumbo apunta a una SCJN más austera y con reglas más estrictas para quienes se retiran de la cúpula judicial.
Lo que viene para Piña
Además de la inhabilitación en cargos públicos, la Constitución impide a los expresidentes de la Corte litigar o representar intereses ante el Poder Judicial. Esto limita su margen de acción, aunque todavía tiene espacio en el mundo académico, docente y de investigación legal.
En declaraciones pasadas, Piña aseguró que su compromiso seguirá siendo con la defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, no ha confirmado si buscará un papel político o público una vez superado el plazo de 2027.
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