Red de huachicoleros en Dos Bocas sobornaba a marinos, soldados y a la FGR para robar combustible

Documentos de la Sedena revelan que una banda criminal en Tabasco, liderada por "La Hormiga", pagaba hasta 10 mil pesos a personal de seguridad y se aseguraba de que sus denuncias desaparecieran con ayuda de funcionarios de la Fiscalía.

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Una filtración de documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), parte del caso Guacamaya Leaks, ha destapado una red de corrupción en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco. Según los informes, una banda de huachicoleros, liderada por Elder Rodríguez Torres, alias “La Hormiga”, pagó sobornos a personal de seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR) para robar combustible sin ser detenidos.

El grupo de “La Hormiga” llegó a pagar hasta 10 mil pesos a marinos y 5 mil pesos a elementos de la Guardia Nacional y la Sedena a cambio de que les permitieran saquear combustible. Además, la red criminal mantenía contactos con un sujeto conocido como “Serfín” en la delegación de la FGR en Comalcalco, quien supuestamente se encargaba de desaparecer las denuncias en su contra.

Historia del caso y el modus operandi

El documento obtenido por El Universal, fechado en mayo de 2022, detalla cómo operaba la banda. “La Hormiga” y su socio, “El Lanchero”, obtenían diésel y gasolina de forma ilegal directamente de los barcos que descargaban en la plataforma de Dos Bocas. El combustible era extraído con la complicidad de los capitanes de los buques y trasladado en lanchas al río, para después ser subido a camionetas y llevado a una bodega conocida como “la casa morada”. La operación se realizaba principalmente de noche, aprovechando los turnos de menor vigilancia.

A pesar de que Elder Rodríguez Torres fue detenido en agosto de 2022 por almacenamiento de combustibles y posesión de cartuchos, fue puesto en libertad en junio de 2023 tras pagar una multa de 20 mil pesos.

Este caso de corrupción no es un hecho aislado. Se suma a un escándalo de “huachicol fiscal” que se destapó tras un decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. La investigación llevó a la detención de empresarios, exfuncionarios de aduanas y varios marinos, lo que demuestra la existencia de redes de corrupción en distintos puertos del país.

Las autoridades advierten a los ciudadanos sobre los riesgos de consumir combustible ilegal, que puede identificarse por un precio “demasiado barato” sin una razón válida. La compra de este tipo de productos no solo representa un peligro de seguridad, sino que también puede acarrear responsabilidad penal para el comprador.

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