El gobierno del estado de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, decretó la expropiación de cuatro predios de terrenos en el fraccionamiento Miramar, vinculados a Alejandro Moreno y a su círculo más cercano, con el objetivo de edificar la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.
La superficie total sería de ocho hectáreas. Uno de los predios pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, y dos más son de Juan José Salazar, empresario constructor estrechamente vinculado con el también dirigente nacional del PRI.
De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción, el predio de Yolanda Cárdenas era originalmente propiedad de Alejandro Moreno Cárdenas, quien lo compró el 4 de septiembre de 2015 a Federico Echeverría Lanz, hijo del exgobernador de Campeche Eugenio Echeverría Castellot; dos años más tarde, en 2017 cedió a su madre cinco propiedades entre ella la ahora expropiada.
Un cuarto predio corresponde a Gabriela Castilla Azar y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual titular de la Coordinación General de la Oficina de la gobernadora Layda Sansores.
Declaración está plenamente justificada
La Secretaría de Gobierno emitió el dictamen técnico jurídico de fecha 26 de septiembre de 2025, a través del cual concluyó que se encuentra plenamente justificada la “causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.
En dicho documento se detalla que la ubicación estratégica de los predios garantizará una integración eficiente con la infraestructura existente, creando sinergias funcionales que amplian el alcance del proyecto.
Además, se declaró que el proyecto del plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Campeche, representa una iniciativa estratégica que responde a las necesidades sociales, educativas y de investigación de la región, alineándose con los objetivos de desarrollo estatal y nacional.
Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Declaratoria, para manifestar ante la Secretaría de Gobierno, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.
