El agua en México dejará de ser tratada como mercancía. Así lo sentenció este miércoles el Gobierno Federal al presentar la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un cambio legal que busca garantizar el derecho humano al líquido, impedir abusos en concesiones y frenar el mercado negro que ha lucrado con lo que debería ser un bien público.
La iniciativa fue anunciada en La Mañanera del Pueblo, donde la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, lo afirmó con contundencia:
“El agua no es un privilegio ni una mercancía, es un derecho humano, una fuente de vida y un bien público”.
A su lado, el director de Conagua, Efraín Morales López, detalló que el Estado será el único responsable de regular y garantizar el acceso al recurso, cerrando la puerta a la compraventa privada de concesiones.
Un blindaje contra abusos y corrupción
El proyecto marca un parteaguas: prohíbe que las concesiones puedan venderse entre particulares, elimina los cambios de uso y obliga a que cada prórroga pase por un análisis técnico de la Conagua. Además, se crea el Registro Nacional del Agua, que permitirá trazar cada concesión con total transparencia y certeza jurídica.
El combate a las irregularidades será frontal: multas más altas, sanciones ejemplares y penas de hasta 10 años de cárcel en casos de robo de agua o corrupción. En situaciones graves, incluso se aplicará la extinción de dominio.
“Atizar el agua es robarle a los pueblos su futuro”, advirtió Godoy.
Subrayó también que la defensa del recurso es, en esencia, una defensa de la vida y la justicia social.
Tecnología y planeación a largo plazo
La iniciativa no solo endurece la regulación, también promueve un uso más eficiente. Incluye medidas como la tecnificación del riego agrícola, la captación de agua de lluvia en obras públicas y privadas y un sistema de planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.
Por primera vez, se reconoce en la ley la participación comunitaria en la gestión del agua. Sistemas de abastecimiento manejados por pueblos indígenas y afromexicanos, sin fines de lucro, tendrán un reconocimiento legal para seguir operando.
“Un primer año con reformas de fondo”
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la iniciativa como una forma histórica de celebrar su primer año de gobierno:
“Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales, Es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno […] El agua, por la Constitución, es un recurso de la nación”.
Sheinbaum subrayó que el nuevo marco normativo responde al mandato constitucional y a la exigencia ciudadana de poner orden en un recurso vital que pertenece a todos.
Esta iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso para su análisis. De aprobarse, México estaría dando un paso decisivo hacia la seguridad hídrica, blindando el acceso equitativo al agua para las generaciones presentes y futuras.
