La historia de los predios de Alejandro “Alito” Moreno en Campeche dio un giro explosivo este miércoles. Desde La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las propiedades expropiadas por el gobierno campechano tienen origen en “lavado de dinero y corrupción”.
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción y que por eso viene este esquema”, dijo la mandataria.
La presidenta también apuntó que se impulsará una iniciativa para aplicar la extinción de dominio en casos donde se compruebe el uso de recursos públicos desviados o dinero malhabido.
Extinción de dominio contra la corrupción
La presidenta explicó que actualmente es complejo quitar bienes incluso a delincuencia organizada, pero que el nuevo esquema permitirá que cuando se demuestre que un inmueble proviene de actos de corrupción, pueda pasar a manos del Estado.
“Si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o a través de un moche, pues sí”, declaró Sheinbaum.
El mensaje fue claro: el patrimonio conseguido de manera ilegal no tendrá blindaje.
Campeche, la primera estocada
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, celebró la expropiación de los predios. En su programa Martes del Jaguar calificó el hecho como “un acto de justicia”, pues los terrenos serán destinados a la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.
“Hoy hicimos un acto que yo creo que es un acto de justicia”, expresó Sansores.
La gobernadora advirtió que “los amparos no valdrán” porque la decisión se tomó bajo el criterio de utilidad pública.
Los bienes expropiados incluyen al menos ocho hectáreas escrituradas a nombre de supuestos prestanombres: la madre de Alito, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y su arquitecto de confianza, Juan José Salazar Ferrer.
Entre ellos destaca un terreno colindante a la polémica mansión de Alito, valuada en 300 millones de pesos, donde había cancha de pádel, áreas de golf y jardines para fiestas privadas.
Una ley hecha a la medida del momento
La jugada fue posible gracias a la reforma aprobada en septiembre por el Congreso de Campeche, que otorga al Ejecutivo estatal la facultad de expropiar propiedades casi de forma automática. La nueva normativa redujo de 15 a 5 días hábiles el plazo de defensa para los propietarios y faculta a la Secretaría de Finanzas a determinar el avalúo de los inmuebles.
Sansores lo resumió con dureza:
“Ya todo lo puso a nombre de prestanombres. No teníamos otra alternativa. Lo estamos haciendo porque no había otra vía.”
Un mensaje político y legal de gran alcance
Con el caso de Campeche, el gobierno abre un frente legal que podría replicarse en otras entidades. Sheinbaum lo dejó claro: la iniciativa que enviará al Congreso busca que el mecanismo de extinción de dominio sea más ágil contra la corrupción.
En el centro de la polémica queda el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que ahora enfrenta no solo el juicio político, sino también la pérdida de su patrimonio más emblemático.
El caso no solo exhibe a un dirigente político, sino que marca precedente: propiedades señaladas por corrupción podrán pasar a ser patrimonio público, y con ello, darle un nuevo destino a lo que antes fue símbolo de poder privado.
