La Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD), un dictamen que incrementará a partir de 2026 el cobro de diversas cuotas y tarifas por servicios públicos. La votación fue de 355 votos a favor y 132 en contra, con el apoyo de la mayoría y sus aliados.
El objetivo de esta reforma, según lo expuesto en el dictamen, es garantizar que la explotación de los bienes del dominio público se lleve a cabo de la mejor manera. Se estima que estas medidas busquen una recaudación superior a los 157,000 millones de pesos para el Paquete Económico de 2026.
Síntesis de la trayectoria y aumentos clave
La Ley Federal de Derechos regula los cobros que el gobierno federal hace por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, o por la prestación de servicios, como es el caso de los trámites migratorios y el acceso a zonas históricas.
El tema ha sido recurrente en los últimos años, con actualizaciones de las tarifas que suelen generar debate en el Congreso. En esta ocasión, los incrementos más notables se aplicarán a:
Acceso a Museos y Zonas Arqueológicas: Se establecen aumentos de cuotas con categorías diferenciadas, particularmente para extranjeros.
Para la Categoría I (sitios como Palenque, Teotihuacán y el Museo Nacional de Antropología), la cuota pasa de 95.58 a 209.09 pesos.
La Categoría II sube de 78.71 a 156.75 pesos.
La Categoría III incrementa de 73.09 a 143.69 pesos.
Se crea una Categoría IV (que incluye Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún) con una cuota de 104.50 pesos.
Trámites Migratorios para Extranjeros: El cobro por servicios migratorios también sube, impactando a visitantes y residentes. Por ejemplo, la cuota para residentes permanentes se elevará de 6,494 a 13,578 pesos en 2026.
Posiciones de los Grupos Parlamentarios y Comentarios Relevantes
La discusión de la LFD en la Cámara de Diputados polarizó las posturas de los distintos grupos parlamentarios, reflejando el debate sobre el aumento en los costos de los servicios.
A favor de la reforma, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) aclaró que el dictamen no es solo una actualización de cuotas. El diputado Luis Armando Díaz (PT) argumentó que la reforma es una oportunidad para “reafirmar el papel del Estado como motor del desarrollo, justicia y modernización” y que la ley es un reflejo de cómo se administran los bienes y se retribuyen los servicios públicos. Destacó que el dictamen también protege derechos de personas en situación vulnerable y mantiene exenciones a las pequeñas y medianas empresas.
En términos de recaudación, las reformas a la LFD también actualizan el cobro por servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a diversas instituciones financieras.
