En el Estado de México este miércoles entró en vigor el aumento de dos pesos al precio por los primeros cinco kilómetros de viaje en el transporte público, un alza menor a la que pedía el gremio transportista, pero que la mayoría de usuarios han rechazado.
El “Acuerdo de Modificación en las Tarifas” fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México el pasado 10 de octubre y establece, además de la nueva tarifa, una reestructura obligatoria para las empresas concesionarias.
Si bien el decreto del nuevo tabulador se ha difundido por todos los medios, algunos han omitido señalar que el cobro de la nueva tarifa sólo puede aplicarse con la autorización formal emitida por la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Cada unidad está obligada a portar el tarifario oficial firmado y sellado por la dependencia, documento que únicamente se entrega a quienes acrediten la vigencia de su concesión y el cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes.
Pese a esta medida, en distintos municipios los usuarios reportaron la implementación de la nueva tarifa en algunas rutas que no cuentan con el tarifario oficial, lo que deja en evidencia una posible irregularidad.
Para el priismo, el transporte público fue una herramienta de control político
Con anterioridad, la Semovi informó que de las aproximadamente 700 mil rutas en operación, apenas 150 mil cuentan con concesiones legales, lo que expone la magnitud del problema en la entidad.
El secretario de Movilidad mexiquense, Daniel Sibaja, explicó en julio de 2025 que durante años el transporte público se utilizó como herramienta de control político y no como un servicio ciudadano, lo que propició la existencia de un alto número de vehículos irregulares y servicios fuera de la ley.
Los retos que ha enfrentado la administración actual son reconocidos en el Acuerdo de Modificación de Tarifa, en el cual se remarca la necesidad de poseer un registro actualizado y una reorganización integral del transporte público, pues existen unidades activas que no cuentan con concesión, lo cual genera una falta de control y pone en riesgo a los usuarios.
Lo anterior, detalla el documento, se advierte fácilmente a partir de los accidentes reportados de transporte público, que no sólo generan pérdidas materiales sino, en el peor de los casos, riesgos a la vida e integridad de los pasajeros.
Concesionarios están obligados a reestructurar el transporte
En ese sentido, se establece que con la emisión del Acuerdo los concesionarios se deberán comprometer a someterse a la reestructura integral del transporte público, lo que implica:
- Mejora del servicio.
- Mantener limpias las unidades.
- Priorizar el pago de los servicios de mantenimiento y seguros.
- Equipos de videovigilancia.
- Capacitación a personas operadoras.
- Renovación de unidades.
- Contar con la cromática autorizada en sus unidades.
- Cumplir con la revisión físico-mecánica de las unidades.
Si bien este aumento se ha denominado “tarifazo”, el secretario y la gobernadora han referido con anterioridad que el Estado de México vive un proceso de reestructuración en el sistema de transporte público, razón por la cual las autoridades han eliminado varias rutas y concesiones como parte de una estrategia para mejorar la movilidad y garantizar seguridad a los usuarios.
Esta vez, el aumento apuesta por brindar dignidad a los usuarios y la normativa para su implementación pretende que la regularización del transporte sea una realidad, luego de décadas de abandono y rezago.
Cabe mencionar que, de acuerdo al documento publicado en la Gaceta Oficial, si las personas concesionarias llegan a incumplir las obligaciones previstas en el Acuerdo, se les revocará la concesión.
