(30 de octubre, 2013).- “El 2013 es el peor año en la historia hasta el momento en materia de secuestro y no hay una política nacional ni local para combatir este crimen”, señaló el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas, en la 3ª mesa de debate sobre el secuestro en México.
En el año 2013 se ha visto un aumento del 46.06 por ciento en los secuestros con respecto al año 1997, a diferencia del año 2012, cuyo aumento fue de 14.87 por ciento. La tasa de homicidios creció el año pasado.
Según datos otorgados por el ONC, en México existen 84 mil 487 hogares víctimas de secuestro o secuestro exprés, 105 mil 682 secuestros o secuestros exprés y 94 mil 438 personas víctimas de secuestro o secuestro exprés; cifras que ponen en alerta roja al Estado mexicano sobre un problema que no se ha sabido atender ni dimensionar, explicaron los especialistas del observatorio.
Asimismo, señalaron que las cifras con respecto a la población migrante son aún mucho más alarmantes, ya que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 se dieron 198 casos de secuestro donde resultaron 9 mil 748 víctimas. Y de abril a septiembre del año 2010 se registraron 214 secuestros con 11 mil 333 víctimas.
“En menos de un año han desaparecido más de 20 mil migrantes. Son las víctimas de las víctimas”, señaló Doria Vélez, quien agregó que el tema del secuestro es un tema histórico en México que ahora debe ser abordado desde otra perspectiva, ya que hasta el momento no se han registrado resultados favorables. También argumentó que existe una gran incertidumbre con respecto a las cifras, ya que el propio gobierno se empeña en ocultar la realidad.
Por su parte, el titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Damián Canales, señaló con orgullo que el 42 por ciento de los secuestros son atendidos por la entidad especializada en la materia. Asimismo, afirmó que los secuestros han disminuido un 3 por ciento en lo que lleva de este año, lo cual contradice a las cifras oficiales que el propio gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía.
Por su parte, Isabel Miranda explicó que uno de los mayores problemas con respecto a este delito tiene que ver con la poca capacitación de los servidores públicos en las procuradurías y la falta de conocimiento de las leyes federales al respecto.
“En las procuradurías locales se consignan los secuestros con otros delitos” dijo Miranda, y agregó que actualmente existen 7 controversias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se tipifique correctamente el delito en los estados.
Por su parte, Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el delito de secuestro está homologado en todos los estados, no obstante, concordó con lo expresado anteriormente, con respecto al poco conocimiento de los encargados de las investigaciones.
“Hace falta capacitación en los funcionarios públicos para que este delito pueda ser debidamente castigado. Pero se amenaza mucho y se cumple poco”, afirmó el abogado y agregó que existen diferentes recursos que no se utilizan para enfrentar el problema de forma directa.
Patricia Burgarín, subprocuradora de Províctima, explicó que el secuestro es un delito que se expande como onda, ya que no sólo afecta a la víctima a quien le han privado ilegalmente de su libertad, sino que afecta a sus familiares directos y a su entorno social.
Así también, explicó que el delito se agrava cuando se trata de una desaparición forzada, puesto que se cuenta con la participación de un funcionario público en el acto ilícito. También explicó que si bien sólo se cuenta con una base de datos al respecto realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de la sentencia de Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido un gran avance en la rendición de cuentas en este sentido.
No obstante, el encargado de investigación de la Policía Federal no pudo responder a la pregunta de cuántas investigaciones se encuentran abiertas por denuncias de desaparición forzada y cuántas sentencias condenatorias existen al respecto.
“Como es un delito difícil de detectar no contamos con la información”, explicó el funcionario, quien tampoco pudo ofrecer información con respecto a los mecanismos de protección para las familias de las víctimas de desaparición forzada ni qué está haciendo el gobierno mexicano para combatir este crimen, considerado en muchas ocasiones de lesa humanidad.
Ante los cuestionamientos de los integrantes de la mesa y los asistentes al evento, el funcionario afirmó que él no es el único responsable en materia de secuestros en todo el país, además agregó que no sería necesario pedirle la renuncia si las cosas no mejoraban, es decir, él se adelantaría a este hecho.
