El Gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y municipales, ejecutó la “Operación Caudal” con despliegues simultáneos en 48 municipios. La acción tuvo como objetivo desarticular redes dedicadas al robo y comercio ilícito de agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro. Esta intervención se planificó en el marco de la Mesa de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En los operativos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones policiacas municipales. El despliegue contó con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Agua del Estado de México y organismos operadores municipales.
Las investigaciones, basadas en denuncias ciudadanas e inteligencia del CNI, identificaron cadenas de comercio ilícito que utilizaban pozos sin autorización o infraestructura para su sobreexplotación. El agua hurtada era distribuida con tarifas abusivas, sin que los ingresos se incorporaran al erario. El costo regulado promedio es de 1,131 pesos por 10,000 litros para uso doméstico, pero en Ecatepec se vendía con un sobrecosto del 59%, en Cuautitlán con 41.4%, en Tlalnepantla con 32.42% y en Toluca con casi 10%.
La Fiscalía del Estado de México solicitó 152 mandamientos judiciales para cateos, de los cuales 142 fueron autorizados. Las acciones permitieron intervenir 189 inmuebles, donde se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas. Fueron aseguradas 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y detenidos siete individuos en flagrancia por delitos como portación de arma prohibida y ataques a instituciones de seguridad pública.
