La posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum al año 2027, para hacerla coincidir con las elecciones intermedias, ha generado una fuerte discusión en la arena política mexicana. Sin embargo, más allá del ruido mediático y de las lecturas partidistas, la propuesta impulsada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados puede entenderse como un avance en la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana y en la racionalización del gasto público electoral.
El planteamiento consiste en reformar el artículo 35 constitucional para que la consulta, originalmente prevista para 2028, se realice durante la jornada electoral de junio de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 31 congresos locales, más de dos mil alcaldías y alrededor de 850 cargos judiciales. De aprobarse, México daría un paso relevante en la coordinación de sus procesos electorales, reduciendo costos y fortaleciendo la participación ciudadana mediante un ejercicio de evaluación del mandato presidencial en un momento políticamente significativo.
La revocación de mandato no debe entenderse como un plebiscito a favor o en contra del gobierno en turno, sino como un mecanismo de control social que otorga al electorado el derecho de confirmar o retirar la confianza a quien ocupa el poder Ejecutivo. Al realizarse junto con las elecciones intermedias, el proceso se insertaría en un contexto de alta movilización política, lo que favorecería una participación más amplia y representativa.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), la revocación celebrada en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador costó más de mil 500 millones de pesos y apenas logró una participación del 17%. Empalmar la consulta con la jornada electoral de 2027 evitaría duplicar gastos logísticos, permitiría aprovechar la estructura electoral ya montada y aumentaría significativamente el número de votantes que emitirían su opinión sobre la continuidad presidencial.
Austeridad y racionalidad democrática
La reforma propuesta también tiene un componente de austeridad que responde a una exigencia social constante: disminuir los costos de la política sin debilitar la calidad democrática. La consejera del INE, Carla Humphrey, reconoció recientemente que unificar procesos reduciría hasta en un 40% los recursos destinados a urnas, boletas y capacitación de funcionarios de casilla. Este ahorro no es menor en un país donde cada elección federal implica la instalación de más de 160 mil casillas.
La propuesta de Morena se inscribe, por tanto, en una lógica de eficiencia institucional: no implica extender ni acortar el mandato presidencial, sino armonizar los calendarios electorales para hacerlos más funcionales. Además, al realizarse la consulta durante una elección ordinaria, se evita el desgaste de convocar nuevamente a la ciudadanía y se fortalece la cultura de la rendición de cuentas.
Participación ciudadana y legitimidad
Lejos de representar una estrategia política, la coincidencia de fechas puede darle mayor legitimidad a la figura de la revocación. Un resultado con alta participación no solo sería más representativo, sino que consolidaría el principio de que la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad real de decidir sobre la continuidad de un proyecto de gobierno.
En una democracia madura, la evaluación del desempeño presidencial no debería verse como un riesgo, sino como una oportunidad de fortalecer el vínculo entre gobierno y sociedad. Si el electorado aprueba la gestión de Sheinbaum en 2027, su administración ganaría legitimidad para concluir el sexenio con respaldo popular renovado. Y si ocurriera lo contrario, el país contaría con un mecanismo constitucional para tomar decisiones sin crisis institucionales.
La reforma también puede tener un valor pedagógico: vincular la revocación con las elecciones intermedias permitirá a millones de votantes, en especial a los más jóvenes, comprender de manera práctica cómo los distintos niveles de gobierno están interrelacionados. Al emitir su voto por diputados, gobernadores y alcaldes, el ciudadano podrá evaluar simultáneamente la conducción general del país, favoreciendo una visión más integral de la política.
Además, el hecho de que la consulta coincida con la elección de jueces y congresos locales refuerza el principio de corresponsabilidad democrática: no se trata solo de exigir resultados al Ejecutivo, sino también de revisar el desempeño de todo el aparato institucional.
Más allá del cálculo político
Las críticas que acusan al oficialismo de querer aprovechar la figura presidencial para influir en los comicios carecen de sustento si se considera que la revocación será organizada por el INE bajo los mismos principios de imparcialidad, legalidad y transparencia que rigen cualquier elección. Los mecanismos de supervisión y fiscalización, además, garantizan que no haya uso indebido de recursos públicos ni propaganda personalizada.
El verdadero debate no es si Sheinbaum estará “en la boleta”, sino si México es capaz de hacer de la revocación un ejercicio auténtico de rendición de cuentas y no un evento excepcional o simbólico.
La coincidencia entre elecciones y revocación no es inédita en el mundo: países como Suiza, Bolivia y algunos estados de Estados Unidos integran consultas ciudadanas dentro de sus jornadas ordinarias para abaratar costos y fomentar la participación. México puede seguir ese camino, ajustando su modelo a las condiciones nacionales.
Si el Congreso aprueba la reforma constitucional y el INE confirma su viabilidad técnica, la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum en 2027 podría convertirse en el ejercicio democrático más participativo en la historia reciente del país. Un proceso en el que la ciudadanía, más que los partidos, tenga la última palabra sobre la continuidad de un proyecto político.
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