Acciones coordinadas de las fuerzas de seguridad federales en el estado de Sinaloa lograron un importante decomiso de drogas, precursores químicos y armamento, que representa una afectación económica al crimen organizado de al menos 337 millones de pesos.
Los resultados, dados a conocer por el Gabinete de Seguridad, son parte de la estrategia conocida como “Operación Frontera Norte” y destacan el aseguramiento de una gran cantidad de precursores químicos —sustancias clave para la elaboración de drogas sintéticas— en Culiacán. Además de los precursores, se incautaron drogas ya procesadas y armas, con el objetivo de desmantelar la capacidad operativa y financiera de las células delictivas en la región.
Trayectoria y contexto
El tema de las afectaciones económicas al crimen organizado a través de operativos de seguridad no es nuevo, pero ha tomado mayor relevancia con la implementación de estrategias como la “Operación Frontera Norte”. Esta estrategia se ha enfocado en puntos clave de la cadena de suministro de drogas, en particular en la frontera y estados como Sinaloa, buscando golpear las finanzas de los grupos delictivos al asegurar grandes volúmenes de sustancias y material para la producción de narcóticos, principalmente fentanilo y metanfetamina.
En operativos recientes, el aseguramiento de precursores químicos se ha convertido en una acción recurrente y con un alto impacto económico. Las cifras varían según el día y el golpe asestado, yendo desde afectaciones millonarias específicas hasta cifras acumuladas mayores a los 600 millones de pesos en un par de acciones coordinadas, como reportes anteriores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha destacado que estos aseguramientos no solo impiden la producción de droga, sino que también generan una pérdida financiera directa que busca mermar la estructura criminal.
Comentarios relevantes y análisis
Las autoridades de seguridad enfatizan que este tipo de operativos tienen un doble impacto. Por un lado, sacan de circulación una cantidad significativa de sustancias que, de ser producidas, tendrían un gran valor en el mercado negro, y por otro, afectan la capacidad logística y económica de los grupos.
Según el Gabinete de Seguridad, acciones como estas se realizan con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, buscando la desarticulación de las redes criminales. Este enfoque en la afectación financiera subraya la intención de combatir la delincuencia organizada no solo por la vía de las detenciones, sino también minando sus recursos materiales y su base económica.
El aseguramiento de los 337 millones de pesos en precursores y otros bienes es un ejemplo de la presión constante ejercida sobre las estructuras del narcotráfico en la región.
