Con el propósito de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible para la población de menores ingresos, el Gobierno de la Ciudad de México planea expropiar 400 inmuebles durante este sexenio.
De acuerdo a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el primer año se emitieron 38 decretos expropiatorios: 27 a favor del Instituto de Vivienda y 11 para la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Además, se publicaron 39 declaratorias de utilidad pública, y se espera que en lo que resta del 2025 se logren expropiar 11 inmuebles más destinados a viviendas populares o para familias damnificadas por el sismo de 2017.
Cabe destacar que los inmuebles seleccionados son considerados de alto riesgo estructural, por lo que generan afectaciones tanto a sus ocupantes como a la comunidad. En el caso de los predios de la Comisión para la Reconstrucción, se trata de edificios dañados por el sismo de 2017, cuya rehabilitación requiere previamente el proceso de expropiación.
Para iniciar la expropiación, los inmuebles deben contar con dictámenes de autoridades competentes, como directores responsables de obra o dependencias de protección civil y obras públicas, así como del Instituto para la Seguridad de las Construcciones local.
En estos casos, los poseedores u ocupantes de los predios son los que solicitan la expropiación a fin de que se les construyan viviendas populares y de interés social.
El Gobierno capitalino, a través del Instituto de Vivienda, paga la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación, previa acreditación de su interés jurídico, y el monto se determina con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Entre los inmuebles expropiados este año se encuentran predios en calles como Saratoga 410, colonia Portales; Mar Mediterráneo 123, en Popotla; Ruiseñor 15, colonia José María Pino Suárez; y Lago Winnipeg 37, colonia San Juanico, entre otros en distintas alcaldías.
Estas medidas forman parte del esfuerzo del gobierno capitalino por garantizar vivienda segura y accesible, atendiendo tanto a la población de bajos ingresos como a los damnificados por desastres naturales.
