La jueza federal Ángela Zamorano Herrera ha denegado la petición de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, por lo que el priista deberá cumplir hasta el final la sentencia de nueve años que se le impuso por asociación delictuosa, desvío de recursos del Estado de Veracruz y lavado de dinero.
La condena de Duarte, que paga en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, concluye en abril de 2026. La jueza Zamorano, titular del centro de justicia adscrito a esa prisión, concluyó este viernes que el exgobernador, uno de los mayores símbolos de la corrupción política del PRI, no cumple con el requisito de buena conducta que establece la ley para que se le concediera el beneficio de la preliberación.
La defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, había solicitado su libertad anticipada, dado que el político ha cumplido el 70 por ciento de su sentencia en prisión, otro de los requisitos que establece la normatividad para la preliberación.
Sin embargo, el exgobernador no pasó la prueba de la buena conducta, a pesar de los argumentos presentados por los testigos de la defensa de Duarte, en su mayoría funcionarios del propio Reclusorio Norte, que hablaron en su favor.
Versión de los testigos no coincide con la Fiscalía
La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a lo largo de las dos semanas que duró el juicio a fiscales que acreditaron que el comportamiento del priista estaba lejos de ser ejemplar. El abogado del exgobernador anunció que impugnarán la negativa de la jueza.
Los testigos a favor del priista, en su mayoría funcionarios del propio Reclusorio Norte, defendieron su buen comportamiento. Por el contrario, la Fiscalía ha señalado que a Duarte se le han encontrado objetos ilegales en su celda, como una pluma con cámara, un celular, un televisor y acceso a internet.
El miércoles, los fiscales veracruzanos refirieron cómo el exgobernador ha retrasado el avance de otras causas en su contra mediante tácticas burdas, por ejemplo, alegando problemas de salud o retirándose de audiencias sin permiso del juez. En uno de los casos, tuvieron que sacarlo de su celda y llevarlo amarrado en una silla ante el juez.
Si bien la libertad anticipada es un derecho reconocido por la ley, la solicitud del exmandatario ha generado una enorme discusión en la opinión pública de México, pues Duarte gobernó Veracruz en una etapa marcada por el regreso del “nuevo PRI”, sexenio en donde los políticos ligados al partido tricolor se vieron envueltos en enormes escándalos de corrupción, desde el presidente hasta los gobernadores
