Este lunes, en medio de los múltiples bloqueos carreteros, en Guanajuato, productores de maíz cerraron los accesos a Irapuato y encabezaron manifestaciones para exigir que se frene la nueva Ley General de Aguas, pues la iniciativa elimina la visión privatizadora que permitía ‘heredar’ el concesiones de un recurso colectivo.
Mauricio Pérez, representante de los productores de maíz en Guanajuato, detalló en entrevista con Newsweek en Español, que la propuesta impide que las concesiones de explotación de pozos de agua de uso agrícola puedan heredarse, lo que, consideró, representa una amenaza directa al patrimonio de los campesinos.
“Ya no vamos a poder heredar a nuestros hijos ese derecho de aguas que hemos tenido durante generaciones. Es como si alguien te quitara la escritura de tu casa y solo te diera permiso de vivir ahí cada año”, reclamó.
Si bien esta postura ha sido maximizada por diversos líderes de la oposición política, la discusión omite reconocer que el agua es un bien colectivo. Las Naciones Unidas, en su relatoría especial sobre el derecho al agua y al saneamiento, establece que el agua es un recurso compartido y un soporte vital cuya gestión debe ser responsabilidad de los Estados.
“El agua que extraemos de la naturaleza para diferentes usos debe ser gestionada como un bien común, un bien compartido que debe estar accesible para todas las personas, y no ser apropiado por nadie”, aseguró Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU.
Organizaciones civiles exigen limitar el alcance de entes privados
Cabe destacar que, pese a que las autoridades han establecido puentes de diálogo, las exigencias e intereses del gremio son opuestas al espíritu regularizador de la iniciativa y se oponen incluso a las modificaciones propuestas por activistas y académicos en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados.
El pasado 20 de noviembre, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Aguascalientes, Carlos Estrada Valdez, enlistó los cuatro principales puntos a los que se opone el gremio.
El primero, la desaparición de la figura de transmisión de derechos, que termina con la posibilidad de heredar, vender o ceder los derechos de agua junto con la tierra.
En contraste, desde Querétaro, organizaciones civiles exigen que la ley deje en claro que no se permita a particulares la distribución del líquido para hacer negocios y que el corte de suministro sea procesado como delito de despojo a quien resulte acusado.
En ese sentido, citaron la Observación 15 del Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, la cual establece que el agua deberá tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien económico.
Productores de Aguascalientes se oponen a legislar los delitos hídricos
Los productores de Guanajuato y Aguascalientes también se oponen a la prórroga de renovación que marca un límite de 6 meses previos al vencimiento de la concesión y rechazan la implementación de los delitos hídricos, los cuales convierten en delitos penales faltas que anteriormente eran delitos administrativos.
En contraposición, durante su participación en las audiencias públicas, Fernando Yasser Terrazas Sánchez Baños, coordinador de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Guerrero es Primero, planteó ampliar el concepto de delitos hídricos para tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud.
A su vez, Alfredo Méndez Baena, del Colegio de Biólogos de Guerrero y doctor en desarrollo rural, consideró que la Ley de Aguas Nacionales representa uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo, pues se diseñó para que la Conagua no pudiera cobrar los derechos y entregó el recurso a privados.
Asimismo, diversos sectores coinciden en que se requiere una ley general que permita que todos los mexicanos cuenten con agua para una óptima calidad de vida, que se fortalezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil y que se evite su privatización.
