En Michoacán, el nombre de Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, vuelve a colocarse al centro de una historia marcada por extorsiones, cohecho, amenazas a familias y una red criminal que utilizaba a jóvenes reclutados en centros de rehabilitación. Un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa, mientras la autoridad lo señala como una pieza operativa cercana al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la estructura relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Aunque el caso llamó la atención pública por la conexión entre “El Pelón” y el reclutamiento de menores, el Ministerio Público decidió enfocar su imputación inicial en extorsión agravada y cohecho, dejando fuera, por ahora, el tema del homicidio del alcalde y la captación de jóvenes para actividades delictivas.
El método: miedo, favores falsos y pagos obligados
De acuerdo con la carpeta judicial, “El Pelón” operaba desde centros de atención a las adicciones, donde identificaba adolescentes con consumo de metanfetaminas para ofrecerles “empleo” como narcomenudistas o sicarios del CJNG. Ahí reclutó a Víctor Manuel “N”, el tirador de 17 años abatido el día del ataque contra Manzo, y a Fernando Josué “N”, de 16 años, hallado muerto días después.
Los datos expuestos en la audiencia revelan un episodio clave: el 27 de octubre, pocos días antes del crimen, Jaciel contactó a María Esther “N”, madre de Fernando Josué, para exigirle 10 mil pesos. Le aseguró que había “sacado de un problema” a su hijo, refiriéndose a una disputa por trasladar droga desde Paracho hacia Uruapan, lo que —según él— los había puesto en riesgo de muerte.
Pero la presión no terminó ahí. “El Pelón” también ordenó que la mujer avisara a Noemí “N”, madre de Víctor Manuel, que debía pagar 5 mil pesos por el mismo motivo. Ambas se negaron.
La Fiscalía documentó que Jaciel escaló la violencia: apuñaló en el abdomen a Fernando Josué con unas tijeras y envió la fotografía de la herida a su madre como amenaza directa.
La última voz de Fernando Josué
La tragedia familiar alcanzó su punto más dramático días después del ataque contra el alcalde. El 6 de noviembre, ya con Fernando Josué desaparecido, su madre presentó una denuncia formal ante la Fiscalía estatal. Ese mismo día, el menor logró enviar un último mensaje a través de una red social:
“Mami, te amo, te extraño, te quiero mucho. No le vayas a dar dinero a Jaciel; todo es una mentira; es una extorsión”.
En ese mensaje, también pidió que avisaran a Noemí “N” que su hijo Víctor Manuel —abatido tras el atentado— había sido asesinado y que debía acudir a reconocer el cuerpo del menor.
Tiempo después, Fernando Josué fue encontrado sin vida en la carretera Uruapan–Paracho. A su lado también estaba el cuerpo de Ramiro “N”, identificado como uno de los hombres que supuestamente participó en la coordinación del ataque.
La caída: un hotel, movimientos sospechosos y una denuncia anónima
El 23 de noviembre, la historia dio un giro. Personal de un hotel de tres pisos en Uruapan reportó que Jaciel había pedido a las camareras no revelar que estaba hospedado ahí, mientras realizaba llamadas nocturnas y mantenía contacto constante con taxistas para movimientos irregulares.
Una denuncia anónima alertó a las autoridades. Corporaciones federales y estatales montaron vigilancia y lograron su captura a las 00:10 horas, justo cuando “El Pelón” salió del hotel. En ese momento llevaba 40 gramos de estupefacientes y ofreció 5 mil pesos a los agentes para evitar ser presentado ante el Ministerio Público.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, confirmaron que el detenido era un reclutador activo en centros de rehabilitación, dedicado a enganchar jóvenes para tareas de distribución de droga y sicariato. En su cuenta de X, García Harfuch destacó la coordinación interinstitucional que permitió su detención.
Qué sigue en el proceso
Pese a los señalamientos públicos que lo vinculan con el reclutamiento de menores presuntamente involucrados en el homicidio de Carlos Manzo, el Ministerio Público no presentó cargos por homicidio en esta etapa ni mostró pruebas que lo relacionen directamente con la planificación del ataque.
Por ahora, Jaciel Antonio “N” enfrenta un proceso por extorsión agravada y cohecho, mientras continúa la investigación sobre los hechos que rodearon el asesinato del alcalde y el papel que jugaron los menores reclutados.
