Un diagnóstico expuesto durante la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional colocó nuevamente a Chihuahua en el centro del debate por el manejo del agua. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la nueva ley de aguas busca ordenar el uso del recurso en regiones donde persisten sequías severas y prácticas de acaparamiento, incluidas concesiones entregadas a familias influyentes y obras irregulares vinculadas al periodo del exgobernador César Duarte.
En la conferencia, se señaló que la sobreexplotación de pozos —incluidos algunos no registrados— y el crecimiento de cultivos altamente demandantes de agua, como el nogal, han presionado las cuencas del Río Bravo. La presidenta confirmó esta situación y señaló que, durante años, se otorgaron permisos y perforaciones fuera de norma, prácticas que favorecieron a productores y particulares que concentraron el uso del recurso en detrimento de otras zonas del estado.
También se expuso que la falta de regulación permitió que parte del agua almacenada en Chihuahua no llegara a Tamaulipas mediante los trasvases acordados, situación agravada por la existencia de una represa privada atribuida a César Duarte. Ante ello, Sheinbaum subrayó que el objetivo de la nueva legislación es impedir que se repitan estos privilegios y ordenar los consumos agrícola e industrial mediante mesas de trabajo que revisen la legalidad de pozos, posibles sustituciones de cultivos y eventuales reubicaciones de industrias con alto consumo hídrico.
La mandataria indicó que, además del problema local, sigue pendiente un acuerdo para que aguas residuales tratadas en Nuevo León puedan enviarse a la parte alta de Tamaulipas, tema que —dijo— ha sido postergado por años. Añadió que las reformas a la ley buscan garantizar que las comunidades que hoy carecen de agua en Chihuahua puedan finalmente acceder al derecho humano al recurso, luego de décadas de desorden, concesiones irregulares y decisiones tomadas desde el poder en beneficio de unos cuantos.
