Genaro García Luna volvió a mover una pieza pesada desde prisión: su equipo legal presentó una apelación formal contra el juicio y la sentencia de 38 años que le impuso la Corte del Distrito Este de Nueva York, al asegurar que el proceso estuvo marcado por violaciones al debido proceso, presunto ocultamiento de pruebas y fabricación de testimonios.
La defensa no está pidiendo “ajustes”, está pidiendo el tablero completo: que el juicio sea desechado o, en su defecto, que se reabra, bajo el argumento de que se vulneraron derechos fundamentales durante el procedimiento presidido por el juez Brian Cogan.
Qué reclama la defensa: pruebas ocultas y testimonios “falsos”
En la apelación, los abogados sostienen que se permitió el uso de testigos con declaraciones falsas y que material que podría favorecer a García Luna no fue revelado oportunamente. En otras palabras, afirman que el caso se jugó con información incompleta y con testimonios que, aseguran, no debieron sostenerse en juicio.
El recurso fue presentado dentro del plazo legal, luego de que la defensa obtuviera una prórroga para impugnar la sentencia hasta el 18 de diciembre de 2025, fecha límite para formalizar el intento de revertir la condena vinculada a delitos de narcotráfico.
Un expediente monstruo: 78 páginas y anexos que rozan las 600 mil hojas
La apelación incluye un documento principal de 78 páginas y un paquete de anexos que, de acuerdo con lo reportado, suma cerca de 600 mil hojas, donde se concentran los argumentos, señalamientos y supuestas irregularidades detectadas por el equipo jurídico.
Ese volumen de documentación busca reforzar la petición central: que se reconozcan fallas procesales de fondo y, con ello, se abra la puerta a desechar o revisar el caso.
Actualmente, García Luna se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, una de las instalaciones más restrictivas del sistema penitenciario estadounidense.
El contexto del caso: de jefe de seguridad en México a condenado en EU
García Luna fue una de las figuras más poderosas del aparato de seguridad en México, al ocupar cargos como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) (2001-2005) y secretario de Seguridad Pública (2006-2012).
En febrero de 2023, fue condenado en Estados Unidos por su participación en una empresa criminal continua y por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa. Más tarde, en octubre de 2024, recibió una sentencia de 460 meses (más de 38 años) de prisión y una multa de 2 millones de dólares, por facilitar actividades de narcotráfico y la importación de más de un millón de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense.
Ahora, con la apelación ya presentada, el caso entra en una nueva etapa: la batalla legal para intentar tumbar la condena o conseguir que el juicio se revise bajo otra lupa.
