Los siete imputados por el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, entre ellos ex funcionarios estatales y municipales, fueron liberados por orden judicial, pese a enfrentar cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.
No obstante, el Ministerio Público del Fuero Común anunció que será impugnada al no compartir el criterio del juez que permitió que el proceso penal continúe en libertad.
La resolución judicial se dio en el marco del proceso penal abierto por el incendio ocurrido el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo, un siniestro que dejó saldo de 24 personas fallecidas y 12 más lesionadas.
Entre los imputados se encuentran Juan Manuel G., actual delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora y ex coordinador estatal de Protección Civil; Joaquín R., ex secretario del ayuntamiento de Hermosillo.
Además de Emanuel V., ex director de Inspección y Vigilancia municipal; José Luis A., vinculado a la operación del establecimiento; Jesús Ángel R., así como dos personas más relacionadas con funciones de inspección y Protección Civil, cuyos nombres no han sido difundidos oficialmente.
Juez pidió argumentar supuestas deficiencias
El juez permitió a la defensa argumentar supuestas deficiencias en las copias del expediente como la falta de color o problemas de legibilidad, pese a que la carpeta de investigación original y copias certificadas habían sido puestas a disposición de las partes en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1.
Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los hechos imputados y la probable responsabilidad de los detenidos, varios de los cuales ya habían comparecido previamente y conocían el contenido del expediente.
Sin embargo, el juzgador determinó que, debido al volumen de la carpeta de investigación, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun cuando, según la Fiscalía, existía tiempo legal para hacerlo.
Como consecuencia de esta decisión, el juez ordenó la liberación de los siete imputados, no bajo el argumento de inocencia o ilegalidad en su detención, sino para conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse del expediente.
Para ello fijó un plazo de 18 días, resolución que la Fiscalía considera contraria a lo establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén un máximo de 144 horas.
