El Gobierno de la Ciudad de México mantiene en curso un operativo para retirar y resguardar a casi mil animales del Refugio Franciscano, ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de que un peritaje de la Fiscalía General de Justicia capitalina concluyó que al menos 759 perros y 39 gatos sufrían maltrato y crueldad en la modalidad de omisión y negligencia grave, lo que dio origen a una orden judicial.
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración se hará cargo del resguardo temporal de los animales conforme avanza el operativo, y precisó que la mayoría está siendo trasladada a un albergue de la Secretaría del Medio Ambiente ubicado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
La mandataria capitalina explicó que, debido a las condiciones en las que se encontraban, varios perros y gatos presentan un estado de salud delicado, por lo que están siendo canalizados tanto a la clínica veterinaria del Gobierno de la Ciudad de México como a establecimientos privados para recibir atención médica especializada.
El artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y nos compromete como @GobCDMX a garantizar su protección y trato digno.
Continuaremos trabajando para prevenir el maltrato, hacer valer la ley y cuidar la vida de quienes no… pic.twitter.com/0ksk9zAsjJ
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 7, 2026
Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, detalló que, hasta el momento, 20 de los animales se encuentran hospitalizados, mientras que se tiene registro del fallecimiento de otros 21, todos fuera del refugio, en el contexto de las acciones derivadas del aseguramiento.
El dictamen veterinario elaborado por la Fiscalía determinó que los animales vivían en condiciones de hacinamiento, sin higiene adecuada ni atención médica suficiente, elementos que sustentaron la orden judicial para su retiro y protección.
Las autoridades indicaron que el caso se hizo visible a partir de un conflicto legal entre la asociación civil Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama por la propiedad del predio donde opera el albergue, situación que permitió documentar el estado en que se encontraban los animales.
Sobre este litigio, Clara Brugada subrayó que se trata de un conflicto entre particulares en el que el Gobierno capitalino no tiene injerencia, y afirmó que se respetará la determinación judicial que se emita, mientras continúan las labores para salvaguardar la integridad de los perros y gatos.
