Desde la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, se anunció que la política de atención a las causas de la violencia en el Estado de México registró más de 300 mil atenciones directas en municipios prioritarios, como resultado de acciones focalizadas encabezadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
Durante 2025, las intervenciones se concentraron en 10 municipios con mayor incidencia delictiva, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, donde se desplegaron ferias de paz, se instalaron comités comunitarios y se realizaron visitas casa por casa para identificar necesidades sociales y factores de riesgo.
Estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad enfocada en la prevención social, cuyo objetivo es fortalecer el tejido comunitario y atender de manera temprana las causas estructurales de la violencia. La coordinación interinstitucional permitió ampliar la cobertura territorial y acercar programas sociales, actividades culturales y acompañamiento comunitario a miles de familias.
En paralelo, el gobierno federal mantuvo un esquema permanente de diálogo y planeación a través de las Mesas de Paz, que durante el año pasado sumaron 311 sesiones estatales y más de 10 mil reuniones regionales en las distintas zonas del estado, de las cuales derivaron acuerdos orientados a mejorar la seguridad y la prevención del delito.
El trabajo territorial se complementó con 713 Jornadas por la Paz realizadas en los 125 municipios mexiquenses, con la participación de más de 218 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes, a través de actividades deportivas, culturales y recreativas que buscan generar entornos más seguros y cohesión social.
Como parte de esta estrategia integral, también se impulsó el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante el cual se intercambiaron de manera voluntaria y anónima mil 995 armas de fuego entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia católica y el gobierno estatal.
Las autoridades federales destacaron que estos resultados reflejan el enfoque preventivo de la política de seguridad, basado en la atención territorial, la participación comunitaria y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reducir la violencia desde sus causas sociales.
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