El Congreso de Tamaulipas analiza reformas urgentes para atender el fenómeno de agresiones y desprotección jurídica de personas en situación de calle con afectaciones a su salud mental, ante un vacío legal, según información que la diputada morenista Úrsula Patricia Salazar Mojica proporcionó al diario La Jornada.
De acuerdo a la legisladora, la tensión social en municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira se ha agravado ante el incremento de casos de violencia en la vía pública protagonizados por mujeres en condición de calle —visiblemente afectadas en su salud mental—, lo cual han generado preocupación ciudadana y “miedo social”.
En más de una ocasión, estas personas han sido retenidas por la autoridad municipal y remitidas a la cárcel administrativa, solo para ser liberadas prácticamente de inmediato por la falta de un marco jurídico que autorice su atención especializada. Cabe señalar que no pueden ser internadas en el Hospital Psiquiátrico de Tampico sin un tutor legal que lo solicite.
“Es importante resguardar la seguridad de la persona que tiene esta deficiencia mental y buscar la manera de reformar y transformar las leyes, buscando justicia tanto para el paciente como para sus familiares”, señaló Salazar Mojica.
La legisladora añadió que los esfuerzos en el Congreso buscan llegar a una solución sin afectar a ninguna de las partes —ni a la sociedad ni a quien padece estas condiciones— y armonizar las leyes para responder adecuadamente en caso de que se presenten más casos en Tamaulipas.
Especialistas señalan la urgencia de fortalecer red de asistencia social
En ese sentido, Salazar Mojica refirió que el análisis de estas reformas ya fue iniciado en el Congreso local y que se busca “traspasar la paz a nuestro municipio, a nuestra sociedad y a todo Tamaulipas”.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay alrededor de 6 mil 754 personas en situación de calle, quienes requieren atención integral a su salud física y mental, y de las cuales la mayoría son hombres adultos. El tema ha puesto también bajo escrutinio a instituciones locales de asistencia social.
Salazar Mojica aplaudió el papel del DIF Tampico, que recientemente apoyó a una mujer en situación de calle, además de brindar acompañamiento a su familia, aunque reconoció que este tipo de intervenciones “no sustituyen una respuesta estructural ni jurídica completa”.
La doctora Eva Laura Castilleja Rodríguez, directora de la Unidad en Capacitación y Consultoría en Psicología (UCCAPSI), advirtió al mismo medio que la atención a personas en situación de calle con padecimientos mentales requiere no sólo de reformas jurídicas, sino de un fortalecimiento de la red de servicios de salud y de asistencia social, así como de mecanismos que permitan la inclusión familiar y comunitaria.
