A mediados de octubre del 2025, Chad Joseph y Shiri Samaroo murieron, junto con otras cuatro personas, en los ataques contra embarcaciones pequeñas ordenada por el presidente Donald Trump.
Este martes las familias de los dos hombres presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense por haber asesinado a civiles como parte de una operación militar ilegal.
La demanda presentada en la Corte Federal de Boston por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales, en nombre de la familia de las víctimas, es la primera acción legal contra la administración Trump por la campaña de bombardeos contra embarcaciones ligeras en el Mar Caribe.
La demanda busca que las familias de los dos hombres originarios de Trinidad y Tobago reciban una compensación por su muerte y no plantea un interdicto que detenga la operación que, hasta el momento, ha terminado con las vidas de 125 personas en 36 ataques diferentes.
El reclamo presentado por el equipo legal de las víctimas se sustenta en la Ley de Muerte en Altamar, que permite a los familiares de personas muertas en el mar exigir la reparación del daño, y en el Estatuto de Agravios contra Extranjeros, una ley de el siglo XVIII que brinda a los ciudadanos extranjeros la oportunidad de reclamar justicia en las cortes estadounidenses por violaciones de Derecho Internacional.
De acuerdo con la demanda, Joseph y Samaroo eran trabajadores agropecuarios que regresaban a casa después de una estancia laboral en Venezuela, al no tener asociación alguna con grupos criminales su muerte habría ocurrido fuera de un conflicto bélico; por lo que bajo la justicia estadounidense sus muertes serían consideradas asesinatos y tendrían derecho a compensación bajo la Ley de Muerte en Altamar.
