Históricamente, el derecho en México se ha dictado desde los escritorios y los grandes tratados académicos, a menudo ignorando las leyes vivas que rigen en las comunidades. Sin embargo, el panorama jurídico nacional vive un giro de timón con la creación del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC).
Este sistema, presentado el pasado miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una iniciativa del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ), la cual fue calificado por el director de dicho Centro, Orlando Aragón Andrade, como un acto de justicia epistémica.
Esto, explicó, porque con ella, la Corte voltea a ver a las regiones, los territorios y los pueblos en donde el derecho “también se construye desde abajo, desde la diversidad y en otras lenguas”.
Este sistema no solo busca documentar prácticas ancestrales, sino otorgarles validez académica y judicial, rompiendo con la visión oficialista del Estado para dar paso a un verdadero pluralismo jurídico.
El saber comunitario a la par de la academia
Durante la presentación del proyecto, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, fue enfático al señalar que el conocimiento producido en los territorios tiene el mismo peso que el de los libros tradicionales.
“El aporte de ustedes va a tener la misma importancia que cualquiera que pueda hacer un libro con todos los requisitos… Es la hora de los pueblos”, afirmó Aguilar Ortiz.
Además, el ministro presidenta subrayó que este esfuerzo busca acortar la brecha histórica entre los juzgadores y la ciudadanía.
Por su parte, el titular del CECSJ resaltó que este nuevo Sistema permitirá tener una presencia más constante y permanente en los territorios, con lo cual resulta fundamental el diálogo de saberes, pues los investigadores comunitarios tienen una cualidad: conocen el derecho del Estado, conocen la Constitución, pero también conocen sus sistemas normativos y conocen las formas de organización propias de las comunidades.
Así, Aragón Andrade reconoció que buena parte de los investigadores comunitarios son actores o han sido actores de los cambios en los derechos de los pueblos indígenas, por lo que su integración honra a la Corte.
Del semanario judicial a la realidad local
La relevancia del SIC trasciende lo teórico. Uno de sus objetivos principales es que estos saberes incidan directamente en las resoluciones judiciales.
Durante la presentación del proyecto, se destacó que la iniciativa se conjuga con una necesidad que sostiene la SCJN: dar vida al nuevo apartado del Semanario Judicial de la Federación.
Esto tiene el propósito de rescatar, dar publicidad y dar a conocer las resoluciones que emiten distintas autoridades de los pueblos indígenas y afromexicanos. El secretario general de la Presidencia de la SCJN, José Hernández Hernández, explicó cómo esta integración será tangible:
- Accesibilidad: los criterios comunitarios estarán disponibles a un “clic” de distancia.
- Ejemplo práctico: una autoridad podrá consultar en el Semanario Judicial de la Federación los criterios asumidos por consejos de ancianos, como el de Hueycuatitla, Veracruz.
- Pluralidad: se reconoce que el fenómeno jurídico se conforma por múltiples sistemas de justicia.
Un nuevo marco constitucional
Tras la reforma constitucional de 2024, México reconoce la existencia de más de 16,000 sistemas normativos válidos y vigentes, por lo que Orlando Aragón Andradedestacó llamó a la Corte y el CECSJ a comprometernos en que el SIC será el punto de partida de un sistema más amplio, que permita dar visibilidad y construir un nuevo tipo de constitucionalismo, que es el que exige en este momento la sociedad.
Por su parte, representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señalaron que la investigación jurídica ya no se limitará a los “cánones históricos” universitarios, sino que se construirá desde la experiencia de figuras como Palmira Flores García (investigadora indígena de SLP) y Sael Silva Cisneros (investigador afromexicano de Guerrero).
“En México la justicia no se construye desde un solo lugar geográfico ni desde un solo pensamiento único ni desde una jurisdicción, se construye también en las asambleas, territorios y comunidades” detalló Sael Silva.
Este cambio de paradigma asegura que la historia nacional no se escriba más sin la voz de quienes, desde sus prácticas y defensa de derechos humanos, han mantenido viva la justicia en sus territorios.
