- De acuerdo con cifras oficiales, de un padrón aproximado de 35 mil concesiones registradas en el estado, cerca de 21 mil 780 unidades presentaron la documentación para la revista vehicular
Un sector del transporte público en el estado de Puebla anunció la convocatoria a un paro total de actividades programado para el próximo martes 3 de febrero, medida que, de concretarse, implicaría que más de 20 mil unidades de transporte colectivo y taxi suspendan sus servicios en diversas zonas de la entidad. La decisión fue difundida por la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) a través de comunicados en redes sociales y grupos de mensajería, en medio del vencimiento del plazo para cumplir con la revista vehicular 2025 establecida por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).
La revista vehicular era un procedimiento de inspección y regularización que, tras 12 años de suspensión, se reactivó con el objetivo de garantizar que las unidades que brindan servicio cumplan con condiciones de seguridad y funcionamiento que protejan a los usuarios. La titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, informó que no habrá prórroga para este trámite, por lo que las unidades que no acreditaron la revisión podrían ser sujetas a sanciones económicas de hasta 25 mil pesos o incluso al retiro de circulación.
De acuerdo con cifras oficiales, de un padrón aproximado de 35 mil concesiones registradas en el estado, cerca de 21 mil 780 unidades presentaron la documentación para la revista vehicular, aunque no todas lograron acreditar el proceso de manera satisfactoria dentro del plazo establecido. Por esta razón, grupos de concesionarios expresaron su intención de paralizar sus actividades para evitar enfrentar multas y sanciones.
La convocatoria al paro surgió en un contexto de tensión entre los transportistas y las autoridades estatales, derivado de las exigencias administrativas y técnicas para la renovación de unidades con más de una década de antigüedad. El representante de la UTEP, Samuel Méndez Díaz, señaló que la amenaza de sanciones ha generado preocupación entre los concesionarios que, sostuvo, carecen de recursos suficientes para cumplir con los requisitos en el tiempo requerido.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte ha defendido la implementación de la revista vehicular como parte de la regulación del transporte público, al considerar que la actualización de las unidades y sus condiciones operativas es necesaria para mejorar la seguridad de los usuarios y la eficiencia del sistema de movilidad en el estado. Las autoridades estatales han reiterado que continuarán con la aplicación de las normas vigentes y el diálogo con los diferentes sectores involucrados.
La posible suspensión del servicio ha generado atención entre residentes y autoridades locales, que analizan alternativas para mantener opciones de movilidad ante el paro anunciado. La situación sigue en desarrollo a medida que las partes sostienen posiciones contrapuestas respecto al cumplimiento de las obligaciones administrativas y la operatividad del transporte en la entidad.
