(13 de noviembre, 2013).- En plena discusión sobre el Presupuesto de la Federación 2014, la esperanza del movimiento victimal y de algunos legisladores es que la Ley General de Víctimas –aprobada hace apenas 10 meses– no se quede “en letra muerta” o en “una gran promesa incumplida”.
El día de hoy, algunos integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados externaron su preocupación sobre los fondos que el Estado mexicano destinará a las víctimas; los 243 millones de pesos asignados a este rubro se otorgarían íntegra y únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la “Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto”.
En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Silvano Cantú, activista, defensor de los derechos humanos y coautor de la Ley General de Víctimas señaló que en el Proyecto de Presupuesto no se asignaron recursos específicos para hacer funcionar dicha ley ni se especificaron, en su defecto, los mecanismos correspondientes para redirigirle recursos a lo largo del 2014.
Si bien Cantú no justifica la omisión de dichas especificaciones, asume que la Comisión Ejecutiva –órgano que nace de la Ley– aún no está plenamente constituida; sin embargo, sostiene que ya se encuentra instalada y que cuenta con las materias y facultades necesarias para ejercer la indemnización a favor de las víctimas. Asegura que, a lo largo del siguiente año, ésta cubrirá los requisitos indispensables faltantes como la creación de un reglamento y de las reglas de operación.
“La Comisión Ejecutiva está en riesgo de convertirse en una estructura vacía, en una obra negra, lo que sería muy grave ante los múltiples casos de violencia que ocurren a diario y deben atenderse”, mencionó el diputado perredista Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Por su parte, el coautor de la Ley General de Víctimas sostuvo en la entrevista que es indispensable que se incluya el mecanismo para redirigir los recursos preasignados en el Presupuesto a lo largo del siguiente año para que los órganos creados tras la aprobación de dicha Ley –incluida dicha Comisión– comiencen a operar. Cantú propone que se realice a través de un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos como una forma con la cual “el Estado va a garantizar que la Ley General de Víctimas no quede en un conjunto de buenas intenciones…”
Sobre el tema presupuestario, Cantú recordó que la Ley contempla dos tipos de previsiones. La primera de ellas, de índole operativa, no tiene un monto mínimo establecido y está sujeta a las proyecciones de la SHCP. Por otro parte, la segunda, tiene una clara previsión que –establecida en el artículo 132°- refiere que al Fondo Nacional de Víctimas se le debe otorgar el 0.014% del gasto anual establecido en el Presupuesto.
Si bien los 243 millones anteriormente mencionados no están dirigidos ni directa ni indirectamente a la Comisión Ejecutiva, esta cifra, de hecho, representa menos del 50% de lo establecido. De acuerdo con la diputada Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, el 0.014% equivale a 500 millones de pesos; monto mínimo que debiera otorgársele al órgano nacional.
Otra gran preocupación que tienen las organizaciones en defensa de los derechos humanos e integrantes del movimiento victimal es que, por ahora, en el Presupuesto se ha establecido el apoyo únicamente a las víctimas de “Delitos de Alto Impacto”, por lo que no están protegidas las víctimas que lo sean, por ejemplo, por delitos contra los derechos humanos. Sumado a esto, les preocupa que esta tipificación resulte en el destino de los recursos a la Procuraduría General de la República.
Para garantizar que tanto la Comisión Ejecutiva como el Fondo tengan recursos en 2014, estos organismos se han declarado en contra del Presupuesto de Egresos 2014 y han hecho visitas a algunos diputados –clave en la toma de decisión– para exhortarlos a que voten en contra, así como a los coordinadores de bancada y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
No obstante, el tiempo se agota: de acuerdo con Cantú el viernes se aprueba el decreto presupuestal. “Continuar con esta omisión va a representar para las víctimas un acto de revictimización”, sentencia.
