En un esfuerzo por saldar una deuda histórica con las y los jornaleros del campo, el Gobierno de México presentó ante el Congreso el nuevo Certificado Laboral para la Agroexportación. Esta medida busca la formalización inmediata de cerca de 200 mil personas trabajadoras, garantizando su acceso a la seguridad social y condiciones de trabajo dignas.
El proyecto, pieza clave de la actual administración, responde al principio de justicia social “que coman los que nos dan de comer”. Actualmente, se estima que en el sector agrícola existen 2.5 millones de personas en la informalidad, por lo que este instrumento se enfoca en regularizar el empleo en las cadenas de exportación más dinámicas del país.
Reformas legales son el soporte del Certificado
Para que este mecanismo sea vinculante y efectivo, el Ejecutivo propone modificaciones estratégicas a tres marcos normativos esenciales:
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Ley Federal del Trabajo: Para la creación formal del Certificado y el fortalecimiento de la inspección laboral en el campo.
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Ley de la Administración Pública Federal: Facultará a la Secretaría del Trabajo (STPS) para emitir certificaciones y reforzará su capacidad de sanción.
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Ley de Comercio Exterior: Se integrarán el cumplimiento laboral y la seguridad social como requisitos regulatorios para la actividad exportadora.
“Este instrumento no solo mejora la vida de las familias jornaleras, sino que asegura el cumplimiento de las obligaciones del T-MEC, fortaleciendo la competitividad de México en el mercado internacional”, destaca el documento presentado a legisladores.
Sectores clave y ruta de implementación
La iniciativa pone el foco en cultivos de alto valor comercial, donde la brecha de formalidad sigue siendo un reto. Entre los productos prioritarios destacan:
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Aguacate
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Berries (fresa, arándano, frambuesa)
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Espárragos
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Jitomate
El modelo ya se encuentra en fase de aplicación en Michoacán, específicamente con el sector aguacatero. El plan de expansión para este año contempla llegar al sector de las berries en el municipio de San Quintín (Baja California), así como en las zonas productoras de Jalisco y el Bajío.
Con este paso, el Gobierno Federal busca consolidar una agroindustria moderna que no solo destaque por sus cifras de exportación, sino por el bienestar humano de quienes sostienen la producción nacional.
