Más de 700 cámaras de videovigilancia ilegal han sido retiradas en distintos puntos del país como parte de una estrategia permanente de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) para debilitar las estructuras operativas de grupos delictivos que utilizaban tecnología para vigilar a las fuerzas de seguridad.
La llamada videovigilancia “parásita” —instalada sin autorización en infraestructura pública— tenía un objetivo claro: anticipar operativos, monitorear movimientos oficiales y facilitar actividades criminales.
Tecnología al servicio del delito
De acuerdo con la institución naval, el delito “se caracteriza por el uso de sistemas de vigilancia no autorizados para obtener información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de facilitar actividades delictivas y evadir a la autoridad”.
Frente a este esquema, el personal naval mantiene operaciones permanentes en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para detectar, desmontar y asegurar los equipos.
En el periodo de agosto de 2024 a enero pasado, se han retirado más de 650 cámaras colocadas en infraestructura pública en entidades como Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Puebla y Estado de México.
A esa cifra se suman nuevos aseguramientos recientes que elevan el total a más de 700 dispositivos neutralizados.
Campeche y Sinaloa, focos recientes
Uno de los operativos más recientes se realizó en Ciudad del Carmen, Campeche, donde personal adscrito al Sector Naval brindó seguridad perimetral a la Fiscalía General del Estado para retirar cuatro cámaras instaladas en las colonias Manigua, Caracol y 23 de Julio.
Los equipos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
En Sinaloa, particularmente en el municipio de Culiacán, donde operan las facciones conocidas como Los Chapitos y Los Mayos, durante el mes de enero se aseguraron 39 cámaras utilizadas por grupos delictivos.
Red clandestina en infraestructura pública
Las cámaras eran instaladas en postes, estructuras urbanas y espacios públicos estratégicos. Desde ahí, los grupos criminales mantenían monitoreo constante de patrullajes, movimientos operativos y despliegues tácticos, lo que les permitía reaccionar o evadir acciones de seguridad.
La Semar subrayó que estos operativos forman parte de una estrategia para fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad de la población local, mediante el desmantelamiento de herramientas tecnológicas utilizadas para fines ilícitos.
Golpe a la logística del crimen
La eliminación de estos sistemas representa un impacto directo en la capacidad de reacción de las organizaciones delictivas. Sin acceso a información anticipada sobre operativos, se reduce su margen de maniobra.
Con más de 700 dispositivos retirados en ocho estados, la estrategia continúa activa y con despliegues permanentes.
La Marina ha dejado claro que la vigilancia ilegal no tendrá espacio en infraestructura pública y que los operativos seguirán para cerrar cualquier red tecnológica utilizada con fines criminales.
