(14 de noviembre, 2013).- Diferentes organizaciones en pro de los derechos humanos en el país firmaron una carta de apoyo para Malú García, integrante de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” –una asociación que lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua– que ha recibido amenazas contra su vida y actualmente cuenta con escoltas proporcionadas por las autoridades a ella y su familia.
Sin embargo, las autoridades han decidido quitar el equipo de protección que Malú y su familia tenían, pese a que apenas el pasado 17 de octubre recibió una llamada telefónica amenazándola con secuestrar a sus hijos. Durante esta llamada le describieron su vestimenta y el lugar donde estaba, recalcando lo fácil que sería secuestrarla y matarla:
“Nos preocupa mucho que las medidas de seguridad se han ido reduciendo gradualmente y nadie nos da la cara para explicar por qué se ha tomado la medida de retirar el resguardo. Los que nos han dicho es que mientras de manera oficial no se nos notifique que se nos va a quitar esta protección, esto debe de continuar. Nadie se hace responsable de esta situación y lo que nos han dicho de manera extraoficial es que hay una orden superior de que se va a retirar el servicio de 30 familias y de defensores de derechos humanos y es algo que no han querido dar a conocer”.
Malú García señaló que ante este problema decidió realizar una huelga de hambre, pero las autoridades le advirtieron que no era buena idea, ya que podrían correr riesgo sus familiares y ella, a lo que agrega, le ofrecieron trabajo en el gobierno para que desistiera de su acción:
“Me dijeron que no hiciera la huelga, que me podían matar, que me podían matar a mis hijos, me podían retirar la seguridad. Estuve trabajando en Ecatepec, me dijeron que no fuera para allá, que hay policías de investigación coludidos, y pueden matarme. Ese tipo de comentarios me orillaron a hacer la denuncia pública, un llamado a las autoridades para que si nos llega a pasar algo a mí o mi familia, los únicos responsables serán ellos”.
Malú cuenta por ahora con protección del gobierno a través de la Procuraduría General de la República (PGR), que le proporciona seis escoltas.
